Jean Michel Arrighi, responsable de Asuntos Jurídicos de la OEA. Foto: (Archivo)
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El responsable jurídico de la OEA, Jean Michel Arrighi, defiende que el proceso de la Carta Democrática para mediar en la crisis venezolana sigue en marcha y que es “legítima” la reciente resolución sobre una “grave alteración inconstitucional del orden democrático” en ese país.

“La OEA está aplicando uno de los mecanismos de los que dispone a través de la Carta para ayudar a un Estado miembro, no a un Gobierno, donde hay una situación de alteración del orden constitucional”, afirmó este jueves Arrighi en una entrevista con Efe en Washington.

La resolución adoptada el pasado 3 de abril por consenso, que Venezuela tacha de “fraude”, es “una etapa” en el proceso de la Carta, al proponer “medidas de mediación”, opción que recoge el artículo 20 cuando en un país hay “una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente su orden democrático”.

Arrighi, que lleva 23 años como responsable jurídico de la OEA, aseguró que la resolución es “válida” porque se adoptó, como contempla el reglamento, bajo la figura del “consenso”, ya que ninguno de los más de 18 Estados presentes se opuso a ese sistema ni, por tanto, pidió votación.

También señaló que el presidente de turno del Consejo Permanente, que ahora es Bolivia, “no tiene derecho a vetar con su ausencia una reunión de Estados” y por eso está previsto el mecanismo de suplencia que se aplicó en esa sesión.

Al jurista uruguayo, uno de los redactores de la Carta Democrática, le sorprende el encendido debate actual sobre un instrumento jurídico “muy claro” aprobado por unanimidad en 2001 para proteger la democracia en la región y que, en su artículo 20, contempla mecanismos para cuando un Gobierno ni pide ni acepta esa asistencia.

Ese artículo se escribió “en base” al “autogolpe” del presidente Alberto Fujimori en Perú en 1992, cuando disolvió el Congreso e intervino el poder judicial.

La OEA se dio cuenta entonces de que necesitaba un mecanismo “para cuando es el propio Gobierno del país el que afecta el orden constitucional y, por tanto, no va a venir a pedir ayuda”, dijo.

Ese es el artículo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro invocó para “poner en marcha los mecanismos de la Carta” el pasado 31 de mayo, por lo que esta es la primera vez que se aplica el documento sin la petición o aceptación del Gobierno del país afectado y sin que haya un golpe de Estado.

La mayor sanción de que dispone la OEA en el marco de la Carta Democrática es la suspensión de la organización, algo que solo se hizo tras el golpe de Estado de Honduras de 2009, ya que la suspensión de Cuba tuvo lugar en 1962, mucho antes de que se aprobara ese documento.

Solo Almagro ha llegado a pedir la suspensión de Venezuela si el Gobierno no convoca elecciones generales anticipadas, porque considera que esa es “la única salida a la dictadura” actual.

El consenso entre el grupo de alrededor de 20 países que quiere mediar en la crisis es que la suspensión es “el último recurso” y primero hay que agotar la vía diplomática, con una propuesta de mediación o con una reunión de consulta de cancilleres, como señala la resolución del 3 de abril.

El Gobierno de Venezuela rechaza frontalmente esta asistencia porque la considera “una injerencia” en los asuntos internos del país que viola el “principio de no intervención” recogido en la Carta de la OEA, el tratado fundacional del organismo de 1948.

Sin embargo, Arrighi sostiene que cuando los Estados miembros se preocupan de que otro Estado respete las normas internacionales que ha suscrito “no están violando el principio de no intervención sino haciendo cumplir el principio del respeto a los tratados y obligaciones acordadas libremente entre ellos”.

“Venezuela es parte de todos estos instrumentos y es obligación de Venezuela dar cumplimiento a estos acuerdos y es obligación de los demás Estados miembros velar por el cumplimiento por parte de todos los que los hayan acordado”, subrayó.

Así, recordó que entre las normas de la OEA está el respeto a la democracia representativa, la separación de poderes, los derechos humanos y la libertad de expresión, cuatro puntos que tanto Almagro como un grupo amplio de países le han exigido cumplir a Venezuela.

Arrighi, al que Venezuela acusa de estar “al servicio de Almagro”, defiende que él solo está “al servicio del derecho internacional” y recuerda que ya ha trabajado con seis secretarios generales en la OEA.

“Soy miembro de una institución de 100 juristas, el Instituto de Derecho Internacional, que ganó el Nobel de la paz, elegido por mis propios colegas, algo de derecho supongo que sé”, apuntó.

“Soy vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, elegido por mis colegas, y en ninguno de esos casos estoy al servicio de nadie. He discrepado con secretarios generales y estoy de acuerdo con secretarios generales, y lo digo si lo tengo que decir”, concluyó. EFE

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