La Organización de Estados Americanos (OEA) reanudó este lunes las sesiones para considerar si la situación en Venezuela debe ser remitida a la Corte Penal Internacional (CCI) a fin de iniciar una investigación criminal independiente ante los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano.
En la sesión exponen sus denuncias en la sede de la OEA en Washington cinco personas relevantes para el estudio del caso, entre ellos la jueza que emitió la orden de privación de libertad del líder opositor Leopoldo López, ahora en prisión domiciliaria.
La exjueza del área metropolitana de Caracas Ralenis Tovar, que intervino a través de Skype desde Canadá, dijo que firmó esa orden judicial «por miedo a salir presa» y al sentirse amedrentada. «Entonces era madre sola con una niña de 15 años, eso me llevó a firmarla».
Preguntada por si en Venezuela existe un patrón de intimidación a los jueces de forma amplia y sistemática, aseguró que «sí, por supuesto», ya que hasta que no logran lo que quieren, intimidan constantemente. En su opinión, la justicia de Venezuela se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional.
Ese punto de vista lo comparte Pedro Troconis, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, y cuyos miembros están desde entonces perseguidos por la Justicia venezolana. En 2015 unos diputados en salida eligieron en escasos 15 días a un grupo de magistrados y dejaron de cumplir ciertos pasos para la correcta elección de esos jueces, argumentó en su intervención.
Días después de la victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, el Parlamento chavista saliente invistió, antes de ceder el control a la nueva mayoría, a 33 magistrados del Supremo.
Con el argumento de que ese proceso estuvo «lleno de irregularidades», el Parlamento actual designó el pasado julio a 33 magistrados del TSJ, con la idea de que reemplacen a los 33 jueces en ejercicio de esa instancia, a la que acusan de servir al Gobierno.
Los jueces nombrados por la oposición llevan desde entonces ya más de dos meses perseguidos por la Justicia, refugiándose en embajadas en Caracas, exiliándose en otros países y uno de ellos en prisión domiciliaria en Venezuela.
El pasado 13 de octubre, 18 de ellos se configuraron como «Tribunal Supremo en el exilio» en una ceremonia en la OEA, con el apoyo del secretario general, Luis Almagro, y el rechazo de todos los embajadores de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa), que no asistieron.
El malestar de los embajadores con las insólitas iniciativas de Almagro sobre Venezuela en la OEA volvió a ser patente hoy en las audiencias, ya que no asiste ningún embajador titular y hay representantes de solo 11 delegaciones.
El Panel Independiente de Expertos Internacionales está compuesto por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.
