Lo ocurrido en Barinas, el pasado 21 de noviembre y días posteriores, ha obligado al director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, a concluir que todo el esfuerzo puesto para reinstitucionalizar el voto quedó manchado: desde la anulación del resultado a la usurpación de funciones al CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
La totalización de la elección por la gobernación del estado llanero podría atentar contra los avances que se hayan podido lograr en la confianza del electorado sobre el voto en Venezuela. Lo dice el director de una de las organizaciones acreditadas por el Consejo Nacional Electoral para hacer seguimiento del proceso completo.
El OEV emitió un informe posterior al 21 de noviembre que retrata una jornada con vicios y una participación algo mejor que las de procesos anteriores. Pero el foco de toda la evaluación está en Barinas, y en Caracas donde finalmente se tomó la decisión en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que usurpó funciones del Poder Electoral.
“La Constitución establece que Venezuela tiene cinco poderes públicos que son de la misma jerarquía. No hay ninguno más fuerte que otro. Esto está hecho para que, por diseño, a pesar de la práctica, haya contrapesos entre los poderes públicos y se garantice la calidad de la democracia”, explica Lander. A su juicio, se violentaron los preceptos constitucionales restando autoridad al CNE.
“El 21 de noviembre el sistema automatizado trabajó bien, como se preveía luego de ser muy auditado por un equipo de profesionales universitarios políticamente plural, que fue una decisión del CNE para recobrar la confianza de los electores, y las demás que se hicieron. Se determinó que el sistema es seguro, es secreto, confiable. Se demostró que el sistema técnicamente funciona bien, pero luego viene el evento de Barinas, un estado simbólicamente muy importante para el oficialismo”, detalla el director del OEV.
Cuatro actas “problemáticas”
La organización que encabeza tuvo 24 observadores en Barinas durante la jornada electoral, que confirmaron que “el problema estuvo en cuatro actas. Una del municipio Torrealba y otras tres del municipio Arismendi que no habían llegado a la Junta Regional Electoral porque son remotos. Arismendi se ubica en el extremo oriental del territorio. Esas cuatro actas faltantes eran importantes porque tenían un número de votos superior a la diferencia entre los dos candidatos que se estaban disputando el triunfo”.
Lander cuenta que el acta del municipio Torrealba se incorporó y quedaron tres por totalizar: “una automatizada pero que no se había totalizado por ser un centro remoto donde la transmisión digital no había sido posible, y otras dos manuales que fueron en mesas de votación donde la máquina se estropeó y hubo que pasar a votación manual”. No obstante, recalca que resulta inexplicable que esas tres actas no hayan llegado a la Junta Regional Electoral durante casi una semana. “Hasta llevándolas a pie hubiesen llegado en dos o tres días”.
Lander expone que la decisión de la Junta Nacional Electoral de asumir la totalización restante fue ajustada a la ley, pero se interpuso el TSJ.
Para Lander, la Sala Electoral debió desestimar la solicitud contra la elección en Barinas. También cree que hubiera sido idóneo, como se debatió aunque no gozó de la mayoría de los rectores, que el mismo CNE se dirigiera a la Sala Constitucional y le dijera que esa acción de la Sala Electoral es inconstitucional porque está usurpando funciones del Poder Electoral, para así desconocer esa sentencia. Eso se discutió, como lo informó el rector Roberto Picón, pero en la votación quedó tres a dos.
Filtros desestimados
Luis Lander dice que las razones esgrimidas para anular los comicios en Barinas niegan la presencia de varios filtros previos. “El sistema impide la postulación de alguien inhabilitado, sale una alerta. Luego, cuando se hace la postulación hay un período posterior de impugnaciones, y cualquier ciudadano puede solicitarla. Pero en este caso la inhabilitación se hace del conocimiento público después de las elecciones y ya cuando la totalización está prácticamente culminada”.
Nadie sabe cómo Adolfo Superlano supo que el candidato de la MUD estaba inhabilitado, cuando la Contraloría no ha publicado esa decisión y ni siquiera el Consejo Nacional Electoral estaba enterado, como lo afirmó el rector Picón.
Tampoco se conocen los motivos de la decisión que, según el TSJ, está fechada el 17 de agosto de 2021, y por primera vez se aplica de manera retroactiva luego de haber ocurrido las votaciones.
Se trata por tanto de una innovación al uso de las inhabilitaciones, que ya tiene más de una década. “Termina siendo un aspecto muy grave de estas elecciones que la Sala Electoral se inmiscuya en asuntos que no le corresponden y con mecanismos poco transparentes. Una inhabilitación debe conocerla el inhabilitado y el propio electorado”, reclama Lander.
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