La ONG venezolana Acceso a la Justicia denunció este miércoles que ocho de las 21 leyes aprobadas durante 2022 por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, aún no han sido promulgadas para entrar definitivamente en vigencia, pese a que la Constitución establece un lapso de 10 días para completar este trámite.
«Ninguna de las leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2022 ha sido publicada en la Gaceta Oficial, pese a que el texto constitucional en su artículo 214 da un plazo de diez días al presidente de la República para la promulgación de las leyes», dijo la organización en un comunicado.
Estas ocho leyes sin oficializar representan el 38 % de las aprobadas en el período legislativo del año pasado, las cuales no han cumplido con el «último e indispensable requisito», por lo que no pueden ser consideradas vigentes ni acatadas por autoridades y ciudadanos.
La ONG destacó que entre las normas que aún no han entrado en vigencia están la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2023, ambas aprobadas el pasado 15 de diciembre, sin que primero se hiciera pública la partida planteada por el Ejecutivo.
«Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos», subrayó Acceso a la Justicia.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de contundente mayoría oficialista, culminó los primeros dos años del quinquenio legislativo con 59 leyes aprobadas y otros 39 proyectos pendientes.
