Justicia

La ONG Justicia Venezolana afirmó este martes que la reforma del Código Orgánico Procesal Penal aprobado por el Parlamento en septiembre pasado es “superficial” al no resolver la “grave situación” del sistema de justicia del país.

“Consideramos que se trata de una reforma superficial y que la misma no resolverá la grave situación del sistema de justicia penal venezolano. Se requiere, sí, una nueva reforma verdaderamente sustancial del Código Orgánico Procesal Penal”, señaló la organización en un informe compartido en su cuenta de Twitter.

Indicó que los cambios deben venir acompañados del “rescate” de la autonomía e independencia de los jueces, “quienes son en definitiva los encargados en que se cumpla la constitución y la ley”.

“Gran parte de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal luce positiva y acertada, ya que, a primera vista y en principio, por ejemplo, ampliar los derechos de las víctimas o reducir los lapsos procesales, evidentemente resulta cónsono con el principio de progresividad de los derechos humanos”, señaló Justicia Venezolana.

Sin embargo, prosiguió, en la práctica no se corregirán algunos aspectos que se “vienen arrastrando” en la sustanciación de casos penales, sobre todo los seguidos contra los considerados presos políticos.

La ONG expuso que el retardo procesal o dictamen “indiscriminado” de medidas privativas de libertad “indefinidas” en el tiempo, “no será una situación que se vaya a corregir con acortar los lapsos procesales en la celebración de los actos de la audiencia preliminar y el juicio oral y público”.

“Adicional a lo expuesto y lejos entonces que esta reforma genere cambios positivos, mientras tengamos jueces carentes de autonomía e independencia, la situación no va a mejorar”, agregó.

El pasado 16 de septiembre, el Parlamento venezolano, con el 92 % de sus escaños ocupados por diputados chavistas, aprobó una reforma del Código Orgánico Procesal Penal que mejora, según el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, los derechos de los ciudadanos.

“Esta reforma implica el incremento del derecho del ciudadano común, la adjudicación de herramientas suficientes o en todo caso de herramientas útiles para prevenir el abuso de autoridad o cualquier dilación en el debido proceso”, sentenció Rodríguez en ese momento.

La reforma al Código Orgánico Procesal Penal establece, entre otras cosas, una disminución a la discrecionalidad del Ministerio Público, la prohibición de que civiles puedan ser juzgados en tribunales militares y una reducción en los lapsos de audiencia, tal como explicaron los parlamentarios chavistas.




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