La ONG Justicia Venezolana denunció este martes que en el país hay 190 militares encarcelados en recintos civiles y militares por razones políticas, de los 252 han resultado procesados por este motivo.
«La actualización de información que venía trabajando la organización desde inicio de año, arrojó que, de los 252 militares procesados por motivos políticos, hasta el momento, 190 son los que se encuentran presos en recintos carcelarios civiles y militares», indicó la directora de la ONG, Lilia Camejo Gutiérrez, reseñada en un comunicado.
La ONG detalló que, a este número, se deben sumar otros 10 «presos políticos» correspondientes a «casos mixtos», lo que implica que involucran a civiles y militares.
Además, la organización se refirió a las irregularidades que sufren estas personas durante su detención y enumeró, entre ellas, el retraso procesal y su reclusión en cárceles comunes.
«En todas las fases judiciales de los casos de presos políticos militares se impone la práctica ilegal del retardo procesal», apostilló la ONG.
Actualmente hay una cifra elevada de #presospolíticos militares, por lo que pedimos celeridad a la justicia penal militar y apego a las leyes, para que se dé la liberación de los oficiales injustamente detenidos #DDHH #InjusticiaMilitarVE https://t.co/7w2PwuSkzD@esmeraldatroiti pic.twitter.com/XJ5dFbIwwl
— Justicia Venezolana (@JusticiaOrg) February 8, 2022
No deben estar encarcelados con civiles
En cuanto a la detención en recintos carcelarios para civiles, la directora de la ONG cuestionó que oficiales activos permanezcan en estos espacios, cuando la justicia militar prevé los centros carcelarios en los que deben estar.
Justicia Venezolana insistió en que, «en reiteradas ocasiones», se han solicitado mejoras en las condiciones de reclusión para los «presos políticos militares», así como medidas humanitarias para los oficiales con enfermedades y la revisión de los casos de quienes llevan más de mil días detenidos sin que hasta el momento haya habido algún pronunciamiento o respuesta oficial.
El pasado 31 de enero, esta misma organización denunció que, al menos, 13 reos considerados «presos políticos» terminaron trasladados del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde a cárceles comunes, lo que supone un «riesgo» en la continuidad en su proceso de juicio.
Camejo explicó en el comunicado que los traslados se hicieron de «manera arbitraria» y sin haber notificado al juez, familiares y abogados.
Precisó que, de los 13 «presos políticos» trasladados desde la cárcel de Ramo Verde, cuatro ingresaron a la prisión Rodeo II, tres a Rodeo III y seis a Yare III.
La ONG explicó que estos reclusos son los que presuntamente asaltaron una base militar el 6 de agosto de 2017, conocida como Fuerte Paramacay, en el municipio Naguanagua del estado Carabobo. EFE
