Diversas ONG de Venezuela exigieron una medida humanitaria urgente que permita practicar una cirugía por una fractura que la activista Rocío San Miguel, detenida desde el pasado 9 de febrero en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas -conocida como el Helicoide-, tiene en su hombro derecho, y que fue detectada con cuatro meses de retraso el 5 de diciembre.
La ONG Provea, que dijo en su cuenta de X que ella debe ser operada, manifestó que no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron su diagnóstico- "En reclusión no hay condiciones para el posoperatorio ni una rehabilitación digna".
La organización subrayó que Rocío tiene derecho a sus médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna y agregó que no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física.
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Además, reivindicó el debido proceso para la activista, igual que lo hicieron otras ONG desde el momento en que fue detenida -aseguran- de manera arbitraria.
Violación a su derecho a la salud
Fundaredes aseguró en X que la situación de San Miguel evidencia una grave violación de su derecho a la salud, tras sufrir la fractura que tardó cuatro meses en ser diagnosticada. Esto es un ejemplo alarmante de como el Estado venezolano vulnera sistemáticamente derechos fundamentales. "No solo es una falta de respeto a su dignidad, sino que es un atentado directo contra una mujer que se ha dedicado a la defensa de los derechos de todos los venezolanos".
El pasado martes, el abogado de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, dijo a EFE que sufrió la fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que no fue debidamente atendida. Desde entonces se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos. "Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?".
San Miguel fue detenida en febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija. Fue acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo entonces que la activista entregó información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó.
