La iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) exhortó este viernes al Estado de Venezuela a promover políticas ambientales «transparentes» con la participación de redes y grupos de interés para fomentar el desarrollo sustentable.
«El Estado debe promover políticas públicas ambientales transparentes construidas desde las bases con la participación de redes y grupos de interés, que permitan llevar a cabo diversas actividades para promover el desarrollo sustentable», señaló EPA en su cuenta de Twitter.
El proyecto, conformado por las ONG Fundaredes, Fundesus, Fundeturan, Fundación Gerencia Social y Desarrollo Humano Sostenible (Ceides), aseguró que, desde hace más de una década, el país caribeño padece una crisis económica, social y cultural que ahora desencadena en una «emergencia ambiental», que si no es controlada, podría convertirse en una «catástrofe» para las comunidades indígenas.
«La situación de la minería extractiva en Venezuela es cada vez más digna de repudio, pues el negocio del oro está en manos de empresas militares utilizadas como ‘fachadas de legalidad'», agregó.
Vulneración de derechos humanos
Indicó que esta actividad constituye una «violación a los derechos humanos» que afecta además intereses colectivos y difusos de los pueblos indígenas.
«La Constitución establece que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, siendo responsabilidad del Estado garantizar este principio fundamental», señaló el Proyecto EPA.
Según la organización del plan, el desarrollo sustentable promueve la justicia, la dignidad, la paz y la solidaridad «y es un reto al cual se están enfrentando las naciones de manera globalizada, el cambio climático, la desertificación, son problemas que deben ser asumidos por todos».
El proyecto dijo que el Estado de Venezuela ha suscrito tratados, convenios y pactos internacionales con el fin de asegurar el bienestar de los ciudadanos en materia ambiental, establecidos en el artículo 127 de la Constitución, pero «no ha sido suficiente».
«El Estado es responsable del impacto negativo al ambiente, en virtud de la ejecución de políticas públicas inadecuadas generadas desde quienes ejercen el poder nacional», apostilló. EFE
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