La Organización No Gubernamental Primero Rafael Urdaneta (PRU) rechaza y condena de manera absoluta la salida del aire de dos emisoras de radio en el estado Carabobo, pertenecientes al circuito Unión Radio, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Williams Martínez Guevara, director general de la mencionada ONG, a través de una nota de prensa, afirma que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos de una sociedad democrática.
Se tratan de las emisoras 105.3 FM, emisora matriz de Unión Radio en Carabobo, y Play Top 91.5 FM. En el caso de la primera, Conatel alega la extinción de la concesión.
Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional, agrega.
Ese derecho internacional prohíbe la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas, que ha hecho que la mayor parte de los medios de comunicación operen en Venezuela con sus licencias vencidas, explica Martínez.
Los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias deben estar estrictamente regulado por una ley y estar guiado por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática, destaca.
Para la ONG el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial, por lo que exhortamos a las autoridades nacionales venezolanas a el restablecimiento urgente de la transmisión de las dos emisoras de radio en la región carabobeña, como también las del resto del país que han sido cerradas sin explicaciones claras de las razones por las cuales Conatel las saca del aire.
La censura sobre los medios de comunicación se agudizó con este hecho, ya que significa un zarpazo a libertad de expresión y a la Constitución venezolana, que garantiza al pueblo el derecho de estar debidamente informado las 24 horas del día, sin censura de lo que ocurra en sus municipios, estado, el país y en el resto del mundo, dijo Martínez.
Son nuestros dignos, valientes y humildes profesionales de la comunicación social, los que nos mantienen bien informados de manera veraz, oportuna y llevando siempre la verdad a toda la sociedad venezolana y al mundo sobre lo que sucede en nuestro país, destaca el dirigente vecinal.
Es lamentable y triste, comenta el declarante, y de manera clara dice: Sugerimos al señor presidente Nicolás Maduro rectificar, renovar y cambiar las políticas en materia de comunicación social, que consideramos son reactivas porque han pasado por bloquear señales internacionales, el cese de las concesiones, las restricciones a la compra de papel para medios impresos y la adquisición de medios.
Martínez destaca que es imperativo restablecer el proceso democrático en la política con relación a la libertad de expresión.
Cerrar un medio de comunicación es símbolo del declive de la libertad de expresión en Venezuela. El Internet es el refugio de toda la población que busca de manera desesperada información y la consigue en redes sociales o portales digitales que son los únicos que están haciendo periodismo de investigación. Cómo es posible que, la voz del periodismo en Venezuela se haya ido apagando durante los últimos 20 años, pregunta Martínez Guevara.
