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La ONG Transparencia Venezuela denunció hoy la supuesta opacidad en la administración de los recursos públicos del país al difundir el reciente estudio conducido por la International Budget Partnership (IBP) que calificó con la peor puntuación a la nación caribeña en el manejo de su presupuesto.

Venezuela tuvo la peor nota en el Índice de Presupuesto Abierto, un ranking mundial que evalúa la gestión de los gobiernos en la administración de sus recursos”, dijo Transparencia Venezuela al presentar un informe sobre este estudio de IBP 2017 que destacó que el país petrolero obtuvo “cero” como puntuación.

Cero es la puntuación obtenida por el Gobierno nacional por la falta de transparencia en las cuentas públicas, que tiene su origen en el cerco informativo levantado en torno a las finanzas del Estado, lo que ha permitido un manejo abusivo del dinero de todos los venezolanos, señaló la ONG venezolana.

Asimismo, resalta que por quinta vez consecutiva, Venezuela forma parte de este estudio y asegura que “desde 2015 ya mostraba un franco declive por la marcada opacidad, pues ese año el país cayó 30 puntos con respecto a las anteriores evaluaciones”.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, dijo a periodistas que la calificación de toda América Latina en este estudio que se desarrolló durante 18 meses -entre agosto de 2016 y enero de 2018- es “triste” pues solo logró 42 puntos sobre 100, pero que el caso de este país es un caso de análisis.

“Sacar cero en el Índice de Presupuesto Abierto, un informe tan serio que se realiza durante dos años significa que hay muchas posibilidades de corrupción con todo el dinero de los venezolanos”, dijo de Freitas que recordó que ni el jefe de Estado ni sus ministros pueden usar los recursos públicos sin la aprobación de una ley.

Transparencia Venezuela también recuerda que desde 2016 el Ejecutivo desconoce al Parlamento controlado por la oposición y por lo tanto no le rinde cuentas al Legislativo en materia presupuestaria, como dicta la Constitución, y en consecuencia se dejaron de presentar y publicar los proyectos de Ley de Presupuesto.

“Desde que cambió la composición del Parlamento en 2016, el Poder Ejecutivo -con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia- ha utilizado la figura de decretos de emergencia económica que le dan poderes para modificar partidas presupuestarias, elevar la Unidad Tributaria y suscribir contratos de interés nacional” sin contar con el visto bueno de la Cámara, subraya la ONG.




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