El relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, acusó a México no sólo de obstaculizar el trabajo de este colectivo sino de criminalizarlo.
«Las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos», afirmó Forst.
El relator especial presentó hoy ante el pleno de Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre México, tras una visita al país el año pasado, en la que se entrevistó con diversas autoridades de todos los estamentos y poderes del Estado, y se reunió con 800 defensores de los derechos humanos.
«El relator especial quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales», afirma Forst en el informe que redactó tras su visita al país norteamericano.
El mandato de Forst se refiere específicamente a la actividad de los defensores de los derechos humanos y es por eso que su informe versa sobre su situación, que a su entender es muy precaria, dada la criminalización a la que son sometidos, tal y como denunciaron la mayoría de los que hablaron con él.
De hecho, durante los primeros diez meses de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 285 ataques a defensores, mientras que la sociedad civil ha denunciado que 730 violaciones se cometieron contra este colectivo solo de enero a mayo de 2017.
«Esta criminaliación normalmente empieza con la denuncia de alegaciones infundadas (…) después siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, y detención sin una orden judicial».
Asimismo, Forst denunció que, a menudo, el sistema judicial impone medidas contra los defensores sin respetar sus derechos y el debido proceso.
«Parece que la criminalización del trabajo de derechos humanos se lleva a cabo tanto por elementos federales como estatales, incluyendo la Policía, el Ejército, la Marina, las autoridades de Gobierno, y la Judicatura».
«El bajo nivel de independencia del sistema judicial, la corrupción entre los funcionarios públicos, y la explotación del sistema de justicia por compañías, que presentan quejas criminales contra los defensores de derechos humanos, todo contribuye a la criminalización de su trabajo», subraya el informe.
Otra de las denuncias del experto es que, a veces, la criminalización es precedida por pronunciamientos de funcionarios públicos.
El relator se lamentó de que dicha criminalización socave la confianza de la sociedad civil en las autoridades.
«El resultado de este clima de miedo afecta a toda la sociedad y puede llevar a la autocensura», denunció el experto.
Asimismo, el informe de Forst subraya que México es uno de los lugares más peligrosos para los periodistas.
Más de 120 reporteros han muerto en los últimos tres lustros y muchos de ellos padecen proceso judiciales a causa del uso que los políticos hacen de las leyes sobre difamación.
