El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, se congratuló por la ratificación del acuerdo de paz en Colombia, pero subrayó su preocupación por alguna de las modificaciones incluidas en el nuevo documento y por los nuevos retos que el país enfrenta.
«Durante mi misión a Colombia en octubre observé varias tendencias positivas, como un compromiso con el bienestar general, y una visión de consenso que incluyen el reconocimiento del daño hecho a las víctimas y a las comunidades», dijo Zeid en una alocución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Senado colombiano refrendó el martes el nuevo acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) el pasado 24 de noviembre, un acto que el alto comisionado alabó.
Este nuevo texto complementa al original firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias y rechazado posteriormente en el plebiscito del 2 de octubre, e incluye algunas de las modificaciones solicitadas por el campo del «no».
Con respecto a esta nueva versión, Zeid mostró «su preocupación» por un comunicado conjunto del Gobierno y las FARC que «ha modificado el acuerdo de paz al restringir la definición legal internacional de responsabilidad de la comandancia».
«Estoy listo para discutir con las autoridades este y otros temas», agregó el alto comisionado, quien dijo que su oficina está completamente comprometida en ayudar y asistir al Gobierno a preservar la paz y resarcir a las víctimas.
«El Alto Comisionado está listo para contribuir en un esfuerzo decidido de las instituciones de Colombia de reintroducir la protección de la ley y el orden en todo el país, luchar contra la criminalidad, promover la asunción de responsabilidades y asegurarse el acceso universal a los servicios básicos».
En este sentido, Zeid recordó que el Gobierno enfrenta graves problemas en algunas de las áreas rurales de Colombia previamente controladas por las FARC y que han quedado sin control, lo que ha abierto el camino a que «bandas criminales asuman actividades económicas ilegales».
Explicó que su oficina ha documentado 57 asesinatos solo este año «en ataques dirigidos a líderes comunitarios y a defensores de los derechos humanos».
Y se lamentó que sólo este mes se han documentado tres incidentes en lo que han muerto cuatro personas.
Finalmente, el alto comisionado dijo «confiar» en que las negociaciones del Gobierno con el ELN -Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero activo en las últimas décadas en el país- prosperan.
