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Los países latinoamericanos -Colombia, Guatemala, Uruguay, Bolivia y México, entre otros- han demandado a la ONU que profundice en las nuevas estrategias antidrogas basadas en la prevención y el tratamiento, en lugar de las respuestas exclusivamente represivas.

Estos países han defendido en la Comisión de Estupefacientes de la ONU estrategias basadas en la prevención y la salud pública, frente a las medidas de mano dura que se han aplicado en las últimas décadas y que no han servido para contener el problema.

Pese a los enormes recursos dedicados a la represión, la producción mundial de estupefacientes continúa creciendo y los consumidores de drogas han aumentado alrededor de un 20 % en la última década, hasta casi 250 millones de personas, según la ONU.

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, alertó este lunes que las drogas causan alrededor de medio millón de muertes anuales y que, en algunos aspectos, la situación ha empeorado en los últimos años.

“La OMS estima que el consumo de drogas es responsable de alrededor de medio millón de muertes cada año. Pero esta cifra sólo representa una pequeña parte del daño causado por el problema mundial de las drogas”, dijo Chan al inicio de una reunión de la comisión, que se extenderá hasta el viernes.

Entre los propios países latinoamericanos existen distintas posturas, con Colombia y México apostando por nuevos enfoques pero dentro de la normativa internacional, mientras que otros, como Uruguay, defienden medidas más rupturistas.

El prosecretario de la presidencia de Uruguay, Juan Andrés Roballo, defendió este lunes ante la ONU la normativa de su país que legaliza la venta de marihuana.

“El enfoque de regulación de mercados, como Uruguay lo ha aplicado, no implica bajo ningún concepto la promoción del consumo”, subrayó Roballo, quien defendió la necesidad de alternativas ante el fracaso del “paradigma prohibicionista y represivo”.

Werner Sipp, el presidente del organismo de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas (JIFE), reiteró hoy que la legalización de la marihuana contraviene las normas internacionales.

También el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, dio por fracasada la “guerra contra las drogas” y su respuesta “militarizada” al problema.

Por su parte, Colombia criticó los “frustrantes” resultados de la lucha contra las drogas, pero pidió seguir el camino abierto por la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas (UNGASS) del pasado abril, que incidió en las respuestas de salud pública y derechos humanos.

“UNGASS no es un punto final, sino un recorrido en este cambio de políticas. UNGASS es parte de lo que tenemos que seguir avanzando con un enfoque de salud pública y derechos humanos”, declaró a Efe la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín.

Para México la respuesta exclusivamente prohibicionista “no es suficiente”, indicó a Efe el subsecretario de Estado mexicano para Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas.

El responsable mexicano apostó por un enfoque más amplio basado en la prevención y la rehabilitación, pero reiteró que “la aplicación de la ley y el enfoque punitivo deben estar allí”.

También Guatemala pidió a la ONU seguir avanzando y profundizando en los nuevos enfoques para afrontar el problema de las drogas.

“No se trata de aprobar la prohibición o la legalización, eso es decisión de cada país. La soberanía de cada Estado es más que importante, lo único que pedimos es abrirnos a la innovación, ya que cada día drogas hechas de nuevas sustancias nos están ganado la carrera”, declaró el ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Morales.

La directora de la OMS demandó aplicar políticas basadas en la evidencia científica y no en la ideología, una aparente alusión a algunos países, como Rusia, que se niegan a aplicar ciertos programas de tratamiento, como los de metadona, pese a su probada eficacia.

“Las políticas sobre drogas deben estar basadas en evidencias y no en emociones o ideologías”, demandó Chan, y recordó que “el principal objetivo es salvar vidas” y reducir “los daños sociales” aparejados al consumo.

Esta es la primera vez que un máximo responsable de la OMS participa en una sesión del principal órgano de la ONU sobre políticas de drogas, una asamblea de 53 países.

Entre los Estados que integran la Comisión de Estupefacientes existen diferencias abismales: mientras algunos, como Uruguay, defienden la regulación de la venta del cannabis, en otros, como en Irán o China, se aplican castigos draconianos por consumo o tráfico de estupefacientes, incluida la pena de muerte.




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