El Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, Marcos A. Orellana, aseguró este miércoles que la reactivación del Acuerdo de Escazú supone un momento de optimismo y esperanza, pero advirtió que queda aún una labor ardua en la lucha contra la regresión que amenaza el futuro del planeta.
En una entrevista concedida a EFE antes del inicio de la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que se celebra hasta el viernes en la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, Orellana subrayó que “la degradación ambiental tiene una dimensión de injusticia innegable porque la contaminación afecta de manera desproporcionada a las personas que no tienen los recursos para hacerle frente”.
Estamos en un momento muy importante del desarrollo progresivo del derecho internacional en América Latina y el Caribe. Es un momento de optimismo, de esperanza, porque durante muchos años la sociedad civil y los gobiernos, trabajando de la mano, han llevado a cabo un proceso de negociación abierto que ha generado un resultado en un acuerdo robusto, afirmó.
Un acuerdo que, en su opinión, “contiene disposiciones importante para la implementación de la promesa del desarrollo sostenible como un proceso de diálogo inclusivo que permita la protección del medioambiente y prácticas empresariales responsables”.
Acuerdo de Escazú da esperanzas
Y que, además de defender a aquellos que tratan de proteger el medioambiente, genera mecanismos que permiten luchar contra la desinformación, una de las lacras del combate contra la crisis climática.
Resulta sumamente alarmante conocer las cifras de personas defensoras del ambiente que son asesinadas en Colombia, en Brasil y en otros países del continente. En esa situación, el Acuerdo de Escazú en derechos ambientales es el primer acuerdo internacional que contiene disposiciones expresas para la protección de personas que defienden el derecho a vivir en un medioambiente limpio, saludable y sostenible, señaló.
A este respecto, insistió en que se debe entender la degradación del medioambiente como un factor más de injusticia y desigualdad y puso como ejemplo las pequeñas islas que podrían llegar a desaparecer por el calentamiento global, primeras grandes víctimas de una crisis a la que apenas han contribuido.
Ahí hay una dimensión de justicia ambiental que es innegable, y esa dimensión de justicia social o de injusticia social se traduce también en otros ámbitos, como por ejemplo en la exposición de tóxicos, en la exposición de contaminantes, personas condenadas a vivir en zonas de sacrificio, señaló.
Chile como ejemplo
Orellana puso como ejemplo de esta nueva vocación a Chile, un país que primero impulsó el Acuerdo de Escazú pero que en el momento de la firma definitiva se retiró, generando un mal ejemplo para otros estados.
Las razones que arguyó Chile para justificar esa decisión no tienen asidero y lamentablemente han generado campañas de desinformación que han sido tremendamente dañinas para el debate público en varios otros países del continente como es Perú, Paraguay o Colombia, donde el Acuerdo de Escazú ha quedado entrampado en un debate público desinformado a raíz de los argumentos sin base que en su momento presentó Chile, explicó.
Prueba de esa desinformación y mentiras vertidas por la industria en torno al acuerdo es, a su parecer, la reciente decisión de México de nacionalizar el litio.
Eso da cuenta de que los países retienen su soberanía permanente sobre sus recursos naturales para definir cuál es la mejor manera de llevar adelante políticas públicas en la sostenibilidad teniendo en cuenta los derechos de acceso a la información, participación y justicia, que son los pilares angulares del acuerdo de Escazú, remató.
Acabar con los vicios del pasado
A este respecto, Orellana aplaudió el giro de 180 grados dados por el nuevo Gobierno de Chile, que trata de acabar con los vicios de un pasado marcado por la exclusión que imponía una constitución de carácter neoliberal.
Y busca adoptar una nueva Carta Magna que le permita afrontar sus “tremendos desafíos en torno a la distribución equitativa de los beneficios ambientales” desde una perspectiva ecológica, inclusiva y social, que devuelva la dignidad a aquellos que han sido obligados a vivir en zonas marginales de contaminación.
Esos desafíos están siendo enfrentados por una convención constituyente que me parece ofrece gran esperanza para abordar esos temas, apostilló
Más adhesiones al Acuerdo de Escazú
Autoridades y defensores ambientales hicieron este miércoles un llamado a los Gobiernos de la región a unirse con «urgencia» al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.
Un año después de su entrada en vigor, los Estados miembros celebran hasta el viernes en la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del pacto, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
«Chile participa en esta COP1 de Escazú como observador y anfitrión. Espero que pronto nos convirtamos en Estado Parte. Hoy, en esta sala, se hace vivo el multilateralismo, la confianza, la colaboración que tanta falta le hace al mundo», dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric.
De los 24 países que lo firmaron, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
En grandes potencias regionales como Colombia o Brasil, el tratado lleva meses estancado en sus respectivos Congresos a la espera de que los parlamentarios lo ratifiquen para su entrada en vigor.
Chile, de vuelta
En el caso de Chile, el acuerdo fue impulsado y negociado por el expresidente Sebastián Piñera durante su primer mandato (2010-2014), pero cuando asumió su segundo periodo no consecutivo en 2018 cambió de opinión y se negó a firmarlo por presiones de la poderosa industria minera, que representa más del 10% del producto interno bruto (PIB) nacional.
Una semana después de asumir el poder el pasado 11 de marzo, Boric envió al Congreso el proyecto de adhesión al tratado, que ya se está discutiendo en una comisión parlamentaria y sobre el que parece que hay consenso entre las distintas fuerzas políticas.
«Sé que la posición de Chile en el pasado reciente generó muchos resquemores también en otros países, por lo tanto, me interesa ser muy enfático en la voluntad y convicción con la que Chile hoy impulsa nuevamente este proceso», indicó el mandatario.
La ministra chilena de Medio Ambiente, la reconocida científica Maisa Rojas, aseguró la víspera en una entrevista a Efe que «Chile vuelve a la arena internacional» con Escazú y que el pacto está llamado a resolver la «conflictividad socioambiental» en la región.
Tampoco lo ha ratificado aún Costa Rica que, junto con Chile, fue uno de sus impulsores del pacto, que se adoptó en 2028 tras seis largos años de negociaciones.
Ya no tenemos más tiempo. El cambio climático nos rebasa y son las personas más pobres las que se están llevando la peor parte de esta crisis (…) Es un tratado sólido, hermético y sin ningún tipo de laguna, indicó por videollamada la vicepresidenta del país centroamericano, Epsy Campbell.
La región más vulnerable
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con el 9% de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.
Escazú es un instrumento de transformación social y de profundización de la democracia, indicó Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de Cepal, el organismo de la ONU que ampara el pacto.
Vendrán tiempos complejos. Por eso, América Latina y el Caribe debe hacer un llamado al mundo: la justicia y la democracia ambiental son posibles, añadió Cimoli.
Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad.
El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.
«El presente en la región nos exige transformaciones urgentes para enfrentar la desigualdad, ampliar derechos y conducir a nuestros países hacia un desarrollo sostenible», indicó por su parte Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático de Argentina, país que acogerá la próxima COP en 2023.
