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La ONU pidió hoy al Consejo de Derechos Humanos que tome medidas para prevenir un deterioro en Venezuela ante las “extensas” violaciones de derechos humanos cometidas en ese país en el marco de las protestas antigubernamentales, y expresó su deseo de que sus denuncias sirvan para exigir responsabilidades.

“Voy a urgir al Consejo a que tome medidas que eviten que la situación de derechos humanos empeore en Venezuela, pero depende de este órgano decidir qué medidas tomará, ya sea en la forma de un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación”, declaró en una rueda de prensa el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid R’aad al Hussein.

La ONU no tiene acceso al país andino desde al menos 2014, por lo que el organismo pidió hoy de nuevo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que le permita visitas “in situ”.

Para el diplomático jordano la democracia en Venezuela “está apenas viva, si es que sigue viva”.

Pese a ello, la ONU no apoya la imposición de sanciones a Venezuela si “empeora la situación de los derechos sociales y económicos de los venezolanos”, afirmó el abogado de derechos humanos del organismo, Hernan Vales.

Lo que sí espera la ONU es que su investigación sirva para la rendición de cuentas de los responsables de los abusos y que sea utilizada por la comunidad internacional y organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) para, entre otras cosas, determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad.

El informe no se refiere a posibles crímenes contra la humanidad, porque no era su propósito, “pero tampoco lo excluye”, por lo que “hacen falta más investigaciones”, dijo Vales.

La OEA prevé comenzar en septiembre una serie de audiencias para determinar si hay fundamento para que alguno de los Estados miembros lleve a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y lo hará con el asesoramiento del exfiscal de ese tribunal Luis Moreno Ocampo.

En paralelo la ONU espera de Caracas que investigue de manera rápida y efectiva las violaciones cometidas, lo que incluye que las pesquisas iniciadas por la exfiscal venezolana Luisa Ortega “continúen de manera imparcial”, recalcó Zeid.

La ONU hizo estas consideraciones en el marco de la presentación del informe definitivo sobre las violaciones cometidas en Venezuela entre el 1 de abril y el 31 de julio, en lo que define como una “política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

El documento de 39 páginas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) se basa en 135 entrevistas realizadas a distancia -desde Panamá y Ginebra- a víctimas y sus familiares, testigos, representantes de ONG, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público venezolano.

La ONU detalla en el informe el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas y ataques y restricciones contra opositores.

En las protestas antigubernamentales murieron 124 personas hasta el 31 de julio, aunque desde entonces hubo seis fallecidos más, según el abogado de derechos humanos de la ONU Carlos de la Torre.

Las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 muertes, los “colectivos” progubernamentales armados de 27 y, según estimaciones de la ONU, al menos cuatro muertes fueron causadas por grupos o personas afines a la oposición.

El informe se refiere además a 5.051 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas, si bien Vales elevó hoy la cifra a 5.341 personas, de las que 822 siguen arrestadas.

También ha actualizado hasta 726 el número de civiles sometidos a la justicia militar, en su mayoría personas consideradas opositoras.

El ACNUDH ha registrado “varios casos de desapariciones forzadas temporales” y ha determinado que en casi todos los casos de detención las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, inclusive a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a tortura.

Los testigos revelaron prácticas como descargas eléctricas, golpes, la suspensión en el aire de su cuerpo durante periodos prolongados o quemaduras por cigarrillos.

Las fuerzas también obligaron a algunos detenidos a estar arrodillados por largo tiempo o escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas, y emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias para estimular la asfixia. 




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