Fuente: Ipys
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Venezuela estuvo en el epicentro del segundo ciclo del examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el objeto de esta praxis es mejorar la situación en este terreno en cada uno de los 193 países miembros del organismo multilateral, con sede en Ginebra, Suiza.

El Estado venezolano estuvo representado por la Ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela quien recibió 193 recomendaciones sobre DD.HH de los cuales 81 fueron rechazadas por el Estado venezolano por considerarlas como tergiversadas y basadas en falsos supuestos.

Las denuncias de violaciones a derechos civiles y políticos fueron reiteradas en esta sesión por parte de Amnistía Internacional, Human Right Watch, Cofavic y Civicus.

Varela presentó los logros del Gobierno venezolano en materia penitenciaria ante la Oficina de la (ONU).

En el último encuentro entre el Estado venezolano, las misiones diplomáticas y las organizaciones de la sociedad civil en el marco del mecanismo universal de revisión se centró en la vulneración y preocupaciones internacionales por el pleno cumplimiento del derecho a la salud y el derecho a la alimentación, la independencia judicial, la situación de los defensores de DDHH y las visitas de las misiones de las oficinas de Naciones Unidas al país, que no se realizan desde el año 1996.

Varela destacó en su discurso el compromiso del gobierno de Nicolás Maduro de garantizar derechos económicos y sociales y la protección a poblaciones vulnerables y reiteró los supuestos actos de sabotaje y acciones terroristas en contra del régimen, hechos destacados como amenazas al pleno cumplimiento de los derechos fundamentales en el país.

Las organizaciones de la sociedad civil que lograron entrar en el derecho de palabra en la sesión de la ONU recordaron al Gobierno venezolano su compromiso de garantizar la plena vigencia de estos derechos, piedra angular de la democracia y el estado de derecho.

HRW

Amnistía Internacional, Human Right Watch, Cofavic y Civicus cuestionaron en el encuentro, que Venezuela haya rechazado recomendaciones sobre la liberación de los presos políticos y de conciencia, las visitas técnicas de las oficinas de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado, las libertades para el ejercicio de los derechos a la manifestación, asociación y libertad de expresión y la creciente militarización de las fuerzas de seguridad y las políticas de seguridad ciudadana.

Las organizaciones mostraron su preocupación por la gravedad de la crisis venezolana y demandaron al Estado aceptar la cooperación internacional para superar la escasez de alimentos y medicinas.

Denunciaron que los defensores de derechos humanos continúan siendo víctimas de persecución en Venezuela y al trata el tema sobre las restricciones a la libertad de expresión, admitieron la propuesta, no obstante, que en la práctica es un desafío el pleno ejercicio de este derecho.

Rechazaron la solicitud de la liberación de los presos políticos, muy especialmente mencionaron el caso del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, aprehensiones, según la Ipys, todas inscritas en detenciones arbitrarias fuera del marco de una administración de justicia equitativa.

Instaron a Venezuela a desistir de sus denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, fueron algunas de las manifestaciones de Amnistía Internacional en el encuentro.

Civicus

Feliciano Reyna de Civicus, en representación de 170 organizaciones de DDHH venezolanas, lamentó la falta de cooperación con la oficina del Alto Comisionado de la OEA y la iniciativa de invitar a oficinas especiales de DDHH.

“Nos preocupa el consecuente quiebre del Estado de derecho y las libertades democráticas. Las libertades civiles, la manifestación pacífica y la reunión  están seriamente restringidas. Periodista, estudiantes y  políticos son sometidos a persecución y personas detenidas son sometidas a tratos crueles. El Servicio Nacional de Inteligencia (Sebim) debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles”, manifestó Reyna.

Dijo además el representante de Civicus que el 82%de la población viven en pobreza, 1 de cada 5 niños presentaron malnutrición,  75% de los hospitales están sin insumos, 4 millones de personas no tienen acceso a la medicina para su patología. Venezuela debe aceptar la cooperación internacional para evitar daños irreparables y pérdidas de vidas, especialmente poblaciones vulnerables.

Más del 60% de las recomendaciones realizadas por la ONU fueron apoyadas por Estados aliados a la defensa de los DDHH, solo Pakistán, Filipinas, Rusia, Bielorrusia, Cuba y Bolivia fueron algunas de las opiniones complacientes con la postura oficial venezolana.

El Reino Unido y Estados Unidos manifestaron su descontento por la no adopción de las recomendaciones sobres libertades democráticas que realizaron al Estado venezolano y convocaron al Estado a realizar las elecciones de gobernadores prevista para el 2016 e iniciar un diálogo que incluya a todos los sectores de la población.

Sesión final del EPU 2016 para Venezuela

 

El EPU es una revisión complementaria que realizan los Estados a sus pares para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos. La alta participación de Estados en el EPU Venezuela 2016 muestra el retroceso en la materia y la preocupación internacional por la vigencia de los derechos en el país.

El EPU tiene una frecuencia cuatrianual. Ahora las organizaciones civiles inician un ciclo de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, que tendrá nuevamente que presentar examen en 2021.

Los 20 minutos dados a las organizaciones en esta sesión final del EPU no alcanzaron para que Ipys Venezuela hiciera su declaración en la sala de Consejo de Derechos Humanos.

Ipys Venezuela




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