La ONU calificó hoy de profundamente preocupante el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, la prohibición impuesta a la misma de salir del país y la congelación de sus activos, al igual que la anulación de la designación del vicefiscal Rafael González.
«También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del vicefiscal general y de designar en su lugar a un ‘numero dos’ temporal, en violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana», afirmó el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONUpara los Derechos Humanos, Rupert Colville.
Igualmente denunció la ONU la decisión de la Sala de asignar algunas de las funciones exclusivas de la fiscal general hasta ahora al defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.
«Desde marzo, la fiscal general ha tomado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentar las muertes durante la ola de protestas, insistir en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y ha apelado a la liberación inmediata de las personas que han sido arbitrariamente detenidas», recalcó Colville.
La ONU señaló que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia parecen vaciar la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana y socavar la independencia de la fiscal.
«El cese de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no socavan la independencia y la actividad imparcial de sus funciones», subrayó el portavoz.
Colville recalcó que, acorde a las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, los países deben garantizar que estos profesionales puedan ejercer su labor «sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras».
La Oficina para los Derechos Humanos de la ONU igualmente subrayó que en medio de la crisis política, económica y social de Venezuela han fallecido 75 personas y 1.419 han sido heridas en las protestas de la oposición contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Más recientemente, agregó, han sido asesinados presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad tres jóvenes manifestantes, dos por armas de fuego y uno por un bote de gas lanzado directamente hacia él por un policía.
Además, sostuvo el portavoz, hay cada vez más informaciones que apuntan a que fuerzas de seguridad registran edificios residenciales, llevan a cabo búsquedas sin ordenes judiciales y detienen a personas, supuestamente con la intención de impedir a la gente participar en las protestas y buscar afines a la oposición.
«Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a respetar la Constitución y el Estado de derecho, e instamos al Gobierno a asegurar que los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión sean garantizados», enfatizó Colville.
«Urgimos también a todas las personas en Venezuela a emplear solamente medios pacíficos para hacer escuchar sus voces, e instamos a todas las partes a renunciar a la violencia y al acoso de oponentes», subrayó.
