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Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propondrán prolongar un año el mandato de la relatoría especial sobre las libertades fundamentales en Irán, e instarán a Teherán a cooperar plenamente con el experto que se nombre tras la muerte de la abogada paquistaní Asma Jahangir, quien ejercía esa función.

El Consejo “insta al Gobierno iraní a cooperar plenamente con el relator especial, permitir su acceso al país y suministrarle toda la información necesaria para que pueda cumplir su mandato“, señalaron en un proyecto de resolución Moldavia, Suecia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Estados Unidos.

El borrador será sometido a aprobación durante los últimos días de la trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU los próximos días 22 y 23.

La abogada y defensora de derechos humanos Asma Jahangir ejerció hasta su muerte, el pasado 11 de febrero, de relatora para Irán.

La paquistaní, que tuvo que desempeñar su mandato desde fuera de Irán, pues Teherán jamás le permitió entrar al país, falleció de un ataque cardíaco, pero dejó preparado el informe que esta semana se presentó al Consejo de Derechos Humanos, aunque ya sin poder incluir los comentarios de Irán.

Su informe dibuja una preocupante fotografía de la situación de los derechos humanos en Irán y de las violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo, arrestos y detenciones arbitrarias, ejecuciones, incluidas de delincuentes juveniles, nuevas restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como al acceso a la información, manifestó.

También criticó las condiciones de la detención, la denegación de atención médica adecuada, torturas y otros malos tratos durante la detención, en particular para conseguir confesiones, así como la discriminación contra mujeres, minorías religiosas y étnicas, y  personas de la comunidad LGBT.

Asimismo, la fallecida relatora recibió a lo largo de 2017 más de 150 denuncias sobre presuntas ejecuciones sumarias y desapariciones forzosas que involucraban a miles de presos políticos, hombres, mujeres y adolescentes en la masacre en 1988, e información sobre la supuesta profanación de lugares que se creen son fosas comunes.




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