La ONU dijo este miércoles que ha tomado nota “con preocupación” del anuncio por parte de EE.UU. de sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, y avanzó que se están analizando las posibles consecuencias.
“Continuamos siguiendo de cerca los desarrollos en este asunto”, señaló a los periodistas el portavoz Stéphane Dujarric, que apuntó que en concreto se está estudiando “cualquier posible implicación” para el acuerdo que regula la cooperación entre la CPI y Naciones Unidas, un documento aprobado en 2004 por la Asamblea General.
Dujarric dijo que la organización confía además en que cualquier restricción impuesta por EE.UU. a personal de la Corte con sede en La Haya se implemente respetando las obligaciones que el país tiene como anfitrión de la ONU.
Entre otras cosas, esos convenios señalan que las autoridades estadounidenses deben facilitar el acceso a la sede central de Naciones Unidas en Nueva York.
Preocupados por el anuncio estadounidense
Según el portavoz, el secretario general, António Guterres, ha tomado nota “con preocupación” del anuncio estadounidense, que supone la medida más agresiva tomada hasta ahora por Washington contra la CPI, cuya jurisdicción nunca ha aceptado.
Las sanciones contra Bensouda y contra otro funcionario de la Corte, Phakiso Mochochoko, se producen en respuesta a la apertura de una investigación destinada a determinar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.
«Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esa corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción», manifestó en una rueda de prensa el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.
Incluidos en una lista particular
Los dos sancionados fueron incluidos en una lista del Departamento del Tesoro llamada «Nacionales Especialmente Designados» (SDN, por sus siglas en inglés) y que Washington usa para castigar a terroristas y narcotraficantes, y no a funcionarios que trabajan en un organismo de derechos humanos.
Bajo las nuevas sanciones, quedan bloqueados los bienes que Bensouda, originaria de Gambia, y Mochochoko, nacido en Lesoto, puedan tener bajo control estadounidense y a partir de ahora no podrán hacer transacciones con ciudadanos de esa nación.
En abril de 2019, el Departamento de Estado anunció que había revocado el visado a Bensouda para que no pudiera ingresar en el país; y en junio el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra los funcionarios de la CPI que investigasen a tropas estadounidenses o de sus aliados. EFE
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