La gran alianza cívica de Nicaragua expresó hoy su respaldo al Episcopado como mediador del diálogo nacional luego de que el presidente Daniel Ortega acusara a los obispos de «golpistas», y dijo estar lista para retomar ese proceso, instalado para resolver la crisis que ha dejado más de 350 muertos.
«Queremos expresar nuestro decidido respaldo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su labor de mediador y testigo del Diálogo Nacional», que busca poner fin a la violencia, señaló la Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, sociedad civil y campesinos, entre otros sectores.
«Estamos listos para retomar la agenda de democratización y justicia» planteada en el diálogo nacional «sin dilaciones, ni retrasos», continuó el comunicado de la Alianza.
El diálogo nacional se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.
El presidente Ortega calificó el jueves de «golpistas» a los obispos de la Conferencia Episcopal, y consideró que son cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
Ortega hizo esas acusaciones ante miles de sandinistas en una plaza de Managua y mientras conmemoraba el 39 aniversario de la revolución sandinista.
El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero Ortega lo rechazó y pensó que la propuesta mostraba que los obispos estaban «comprometidos con los golpistas», según dijo ayer.
A mediados de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ya alertaron de que integrantes de la Iglesia católica estaban sufriendo ataques por su mediación en el diálogo y por proteger la integridad física de los manifestantes.
Las protestas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril, han dejado 277 muertos y más de 2.000 heridos, según datos publicados por la CIDH.
Organismos humanitarios nicaragüenses cifran en al menos 351 los muertos.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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