Con flores, vestidos de blanco y banderas tricolor, cientos de opositores del gobierno del derechista Iván Duque, que toma posesión este martes en Colombia, se manifiestan en plazas públicas exigiendo que proteja a los activistas y el acuerdo de paz.
Es una protesta «para luchar por la paz, por la vida y por la justicia social», dijo el senador izquierdista Gustavo Petro, que fue derrotado por Duque en el balotaje del 17 de junio, en un mensaje en su cuenta en Twitter.
Petro convocó manifestaciones en al menos 36 ciudades y municipios del país, en paralelo a la asunción de Duque.
Las fuerzas de centro y de izquierda exigen al nuevo gobierno que respete el acuerdo que desarmó y transformó en partido a la exguerrilla FARC y que cese la ola de violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Al menos 331 activistas han sido asesinados desde 2016, cuando el gobierno saliente de Juan Manuel Santos firmó la paz con la otrora guerrilla comunista, y el 1 de agosto, según la Defensoría del Pueblo (ombusdman).
El gobierno de Santos negó que los homicidios respondan a una campaña sistemática de eliminación y señaló a narcotraficantes, los rebeldes de la guerrilla ELN y disidentes de FARC como presuntos agresores.
«Ya van casi 70 guerrilleros de las antiguas FARC que han sido asesinados también», dijo por su parte el senador Pablo Catatumbo, excomandante rebelde durante una movilización en Bogotá.
Catatumbo es uno de los diez exguerrilleros que ocupan escaños en el parlamento dominado por la derecha como parte de lo acordado en el pacto que el año pasado desarmó a 7.000 combatientes y evitó 3.000 muertes.
«Necesitamos que se implemente correctamente el acuerdo y que avancemos en la construcción de caminos de paz con justicia social», dijo por su parte el líder rebelde Marco Calarcá, quien ocupa un escaño en la Cámara de Representantes (baja), a la AFP.
Duque, ahijado político del expresidente Álvaro Uribe (2002-10), llegó a la presidencia con la promesa de modificar el histórico acuerdo con las FARC que puso fin a un conflicto armado de medio siglo.
El mandatario se opone a que los exguerrilleros señalados de crímenes graves participen en política.
Además, advirtió que endurecerá las condiciones del proceso que se desarrolla en Cuba con el ELN, reconocida oficialmente como la última guerrilla del país.
