Corte IDH ordena medidas de protección para 11 opositores presos en Nicaragua
/ Foto: Cortesía (Café con Voz)

Las opositoras Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco clamaron este viernes por la libertad de los “presos políticos” y la unión de fuerzas, para crear las condiciones que obliguen al presidente Daniel Ortega a dejar el poder.

“Para nuestra Alianza, la construcción de un consenso sobre una estrategia de lucha cívica, clara y viable, es la base sobre la que debe descansar la unión de las fuerzas opositoras que deseamos y por la que seguiremos trabajando”, declaró la Alianza Cívica.

Por su parte, la Unidad Nacional llamó “a todas las organizaciones cívicas, políticas, económicas y de sociedad civil de Nicaragua, a las organizaciones de diáspora, exilio y de solidaridad, a concertar nuestros esfuerzos”.

Los esfuerzos referidos por la Unidad Nacional fueron “la libertad total e incondicional y pleno vigor de los derechos políticos de todas las personas presas políticas”, el total cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Ortega en 2019, sobre el cese del “Estado policial” y “plena vigencia de las libertades fundamentales”, así como “retorno seguro y sin persecución de las personas exiliadas y obligadas a salir en su momento del país”.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente en Nicaragua hay 170 “presos políticos”, de los cuales 160 fueron capturados en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2018, y diez antes de ese año.

Información regulada

Desde finales de 2020 en Nicaragua existen leyes que regulan la información que las personas intercambian en sistemas electrónicos, así como las reuniones grupales, la recepción de divisas del exterior, y las aspiraciones a cargos de elección popular. También fue impuesta la cadena perpetua.

La crisis sociopolítica que se inició en 2018 se acentuó en 2019 con la negativa de Ortega a cumplir los compromisos adquiridos por su Gobierno, en 2020 por la pandemia de covid-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota, y en 2021 con las elecciones que extendieron en cinco años el mandato del líder sandinista y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, así como por el anuncio de retiro de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La dictadura Ortega Murillo está en medio de un proceso claro de radicalización y sin ninguna pretensión de solucionar o aliviar la crisis. En consecuencia, los nicaragüenses debemos fortalecer nuestras convicciones y anhelos de justicia y democracia, para seguir resistiendo”, destacó la Alianza.

Por su parte, la Unidad Nacional sostuvo que “no existen ni las condiciones, ni la voluntad real, por parte del régimen, para un diálogo creíble y efectivo. Como demócratas que queremos una solución cívica y pacífica, creemos que el diálogo puede ser un mecanismo para la resolución de conflictos, pero no cualquier diálogo, no a cualquier precio y no bajo las condiciones de la dictadura”. EFE




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