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La opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pidió hoy al Gobierno de El Salvador que se pronuncie en contra de la Asamblea Nacional Constituyente elegida el pasado domingo en Venezuela, por convocatoria del presidente Nicolás Maduro.

“Arena no concibe cómo un gobierno firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 se niegue a pronunciarse en contra de un gobierno dictatorial que reprime y violenta los elementales derechos humanos y muy contrariamente felicita y se adhiere a lo que acontece en Venezuela”, reza parte de un comunicado de Arena.

El instituto político también condenó la “indiferencia del gobierno del FMLN, dirigido por Salvador Sánchez Cerén, ante los acontecimientos de represión y de violencia incrementados en la últimas horas por la dictadura de Nicolás Maduro en contra del pueblo venezolano”.

Arena instó a los partidos políticos “democráticos”, representados en la Asamblea Legislativa, a “emitir un contundente y enérgico pronunciamiento en contra de Nicolás Maduro” y a pedir por el inmediato restablecimiento “de las libertades que deben de gozar nuestros hermanos venezolanos”.

La crisis política, social y económica que azota a Venezuela se agravó tras los comicios del domingo para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que no ha sido reconocida por la oposición y por numerosos países de la región y del mundo.

La elección de los constituyentes se realizó sin que antes se consultara en un referéndum si los venezolanos querían o no cambiar la Carta Magna de 1999, lo que es uno de los principales argumentos de la oposición para considerar el proceso fraudulento.

La jornada electoral se realizó en medio de protestas que dejaron 10 muertos, según la Fiscalía, y 14 según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121 desde que el 1° de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.

El 16 de julio anterior, unos 7,5 millones de personas dijeron que no a la Constituyente de Maduro y pidieron la renovación de los poderes públicos a través de un plebiscito organizado por los opositores y las principales universidades del país.




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