Un día después de un «plantón» de manifestantes contra Maduro en importantes vías del país, que derivó en violencia y causó tres muertos, los opositores organizan una protesta que pretende llegar a la sede de una de las instituciones que acusan de servir al gobierno.
«Vamos avanzando. No nos rindamos. Si logramos mantener esta presión, vamos a lograr el cambio. El miércoles volvemos a la calle», declaró el vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara.
Sin querer revelar dónde, la oposición pretende marchar hacia la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ubicados en el centro de la capital, considerado bastión del chavismo.
Pero hasta ahora las manifestaciones hacia el corazón de la ciudad han sido bloqueadas por las fuerzas de seguridad, que las dispersan con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma.
Este martes, el Parlamento, único poder que controla la oposición, continuará la discusión sobre el proceso de remoción de los magistrados del TSJ, al que acusan de haber dado un «golpe de Estado» cuando a fines de marzo decidió adjudicarse sus funciones.
Aunque el TSJ dio marcha atrás a esa decisión tras fuerte presión internacional, la oposición inició el 1 de abril una ola de protestas para exigir elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento.
Desde entonces, los enfrentamientos entre manifestantes y policías, los disturbios y saqueos y acción de bandas armadas al margen de la ley, han dejado 24 muertos y centenares de heridos y detenidos.
¿Hasta cuándo?
La oposición acusa al gobierno de represión y el gobierno a sus adversarios de hacer «actos de terrorismo» para dar un golpe de Estado y propiciar una intervención extranjera.
«Estas acciones de resistencia que ponen contra la pared al dictador tienen unos costos muy graves: muertos y presos», manifestó Guevara, del partido Voluntad Popular, del encarcelado líder opositor Leopoldo López.
El gobierno señala particularmente a los diputados Guevara, José Guerra, Tomás Guanipa y Julio Borges, presidente del Parlamento, y ha amenazado con encarcelarlos.
«¿Cuántos muertos más necesitan los extremistas de la oposición para abandonar la violencia como forma de hacer política? ¿Cuántos más?», manifestó el general Vladimir Padrino López, jefe de la Fuerza Armada, aliado clave al que Maduro ha dado gran poder económico y político.
Guerra y Guanipa acudirán este martes a la Fiscalía para rechazar las acusaciones del gobierno, en tanto que la Asamblea Nacional también debatirá sobre la acción de los «colectivos», como llaman a bandas chavistas que según ellos están fuertemente armados y causan terror en la población.
Para el analista Luis Vicente León Venezuela se encuentra frente a dos escenarios: que la presión opositora continúe creciendo y el gobierno reprima, aún pese al repudio y sanciones internacionales; o que ésta llegue al máximo nivel y logre fracturar internamente al chavismo y al sector militar.
«Esto es una marcha sin retorno hasta que logremos que los venezolanos decidan cómo salir de la crisis.Convoco a que toda Venezuela salga a las calles», manifestó Borges.
Además de la profunda crisis política, Venezuela sufre una severa recesión económica, con escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720,5% este año, la más alta del mundo.
Hastiados de la crisis, siete de cada diez venezolanos reprueba la gestión de Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019.
Analistas estiman que para bajar la presión el poder electoral podría convocar pronto a elecciones de gobernadores, que debieron haberse celebrado en diciembre de 2016 y fueron pospuestas, así como las de alcaldes, pautadas para este año.
Maduro ha dicho que está ansioso por ir a esas elecciones regionales para derrotar a la «derecha fascista», pero para la oposición el país no aguanta más y deben celebrarse elecciones generales, con un adelanto de las presenciales, previstas para diciembre de 2018.
Mientras tanto, Maduro insiste en el diálogo y se reunió la noche del lunes con el expresidente dominicano Leonel Fernández, uno de los facilitadores del fracasado proceso de negociación que auspició el Vaticano a fines de 2016.
