La Asamblea Nacional retomó este martes el debate sobre la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la aguda crisis del país, una medida que busca declararle en abandono del cargo y reaviva la tensión entre el legislativo y el ejecutivo.
La oposición había suspendido el juicio parlamentario para facilitar el inicio del diálogo con el gobierno, el pasado 30 de octubre, pero hace una semana congeló las conversaciones por considerar que el ofialismo incumplió los primeros acuerdos.
El principal objetivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) era una salida electoral a la crisis, con la reactivación del proceso de referendo revocatorio contra el presidente (paralizado por el poder electoral el 20 de octubre) o el adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.
Descartadas esas posibilidades, la MUD retoma su ofensiva contra Maduro después de críticas internas y de los electores por participar en el diálogo, que el Vaticano y la Unasur -los facilitadores- tratan de reflotar.
A diferencia de las reuniones con el gobierno, al que algunos partidos de la MUD no asistieron, este debate parlamentario cuenta con el consenso de la bancada opositora, que quiere declarar el abandono del cargo del presidente y su falta absoluta, lo que espera pueda llevar a su destitución.
Sin embargo, en noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió a la Asamblea Nacional seguir esa discusión, considerando que el «juicio político» (impeachment) no está contemplado en la Constitución.
También recordó que la cámara está en «desacato» por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude del oficialismo, por lo cual sus decisiones son consideradas nulas.
Abogados constitucionalistas descartan la viabilidad legal de la propuesta opositora de destituir al mandatario.
Es una determinación de responsabilidad, que se considera una simple sanción moral. Si se aprueba, es una bofetada del Legislativo, pero no conlleva a la destitución del presidente, dijo el abogado Pedro Afonso Del Pino.
El experto explica que solo el TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, puede enjuiciar al presidente por un delito.
No obstante, el especialista Tulio Álvarez considera que la aprobación de la responsabilidad política del presidente por la situación del país crearía una crisis institucional, pues Maduro desconocería abiertamente al Parlamento.
Recalentar el proceso político
Maniatada por la suspensión del referendo revocatorio por supuestos fraudes en la recolección de firmas, la oposición enfrenta el desafío de reconstruir su credibilidad.
Según un estudio de la firma Keller y Asociados, divulgado el pasado viernes, el número de venezolanos que se identifica con la MUD bajó siete puntos porcentuales desde finales de octubre, cuando arrancó la mesa de diálogo. Un 38% de los consultados dijo ser opositor, frente a 45% de finales de septiembre.
La alianza opositora quiere volver a mostrar firmeza, tras haber aceptado un diálogo que dio alas al gobierno cuando la MUD intensificaba la presión institucional y había congregado a cientos de miles de personas en la calle para exigir la celebración del revocatorio.
Para sacar al ofialismo del poder, la oposición debe realizar la consulta antes del próximo 10 de enero, cuando Maduro cumplirá el cuarto de sus seis años de mandato. A partir de esa fecha, de ser revocado el gobernante socialista, asumiría el cargo su vicepresidente.
Con el juicio parlamentario la oposición viene a decir que no claudicó, pero esto va a recalentar el proceso político en Venezuela, va a agravar la situación, considera el politólogo Carlos Romero.
En medio de una guerra de poderes, la crisis política venezolana se combina con una fuerte crisis económica traducida en alta inflación y aguda escasez de alimentos y medicinas.
