Cientos de opositores venezolanos exigieron este martes que se le devolvieran las facultades a la Asamblea NAcional, elecciones y la libertad de sus dirigentes presos, durante una protesta en la que varios diputados fueron alcanzados por gases lacrimógenos y denunciaron disparos.
Un día después de que la OEA declarara que en Venezuela hay una grave alteración de la democracia, unas mil personas intentaron marchar hacia la Asamblea (centro de Caracas), pero la policía lo impidió.
Esto originó forcejos en medio de los cuales los uniformados lanzaron gases lacrimógenos que alcanzaron al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, al excandidato presidencial Henrique Capriles y a diputados como el veterano Henry Ramos Allup.
Los políticos debieron correr para resguardarse y terminaron fatigados y con los ojos irritados, constató la AFP. Así se irrespeta la investidura parlamentaria, denunció Borges en Twitter.
Otro grupo, en el cual estaban Capriles y Lilian Tintori -esposa del encarcelado Leopoldo López- intentó arribar al hemiciclo por una autopista cercana.
Más tarde, cerca de ese lugar, desconocidos dispararon armas de fuego, denunció el diputado José Olivares, sin reportar víctimas. En un video que circuló en redes sociales se escuchan las detonaciones en ese punto donde, sin embargo, continuaban los opositores.
«Colectivos de Nicolás Maduro nos disparan», afirmó en Twitter, refiriéndose a grupos civiles que según la oposición son armados por el gobierno.
«Queremos libertad en Venezuela, esto es dictadura y dentro de poco no habrá comida, ¿esto es lo que quieren para sus hijos?», gritaba a los uniformados María González, enfermera de 56 años.
Lacayos del imperio
La mayoría opositora del Parlamento tenía previsto iniciar este martes un proceso para destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la semana pasada asumió brevemente las facultades legislativas y retiró la inmunidad a los diputados. La sesión fue aplazada para el miércoles, informó la Asamblea.
En tanto, miles de partidarios chavistas se movilizaron hacia las cercanías del Legislativo para rechazar la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el lunes declaró una «grave alteración inconstitucional» en Venezuela.
El organismo anunció además gestiones diplomáticas, incluyendo una posible reunión de cancilleres para recobrar el «orden democrático» en el país.
«Respaldamos a Maduro ante estos ataques que quieren un golpe de Estado. Rechazamos todos los actos de esos cancilleres lacayos del imperio», dijo Angelo Oliva, manifestante oficialista.
Durante la marcha, Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, aseveró que «la OEA firmó su certificado de defunción».
Maduro repudió la noche del lunes la declaración del organismo, al que acusó de haberse convertido en un «tribunal de inquisición».
Los alrededores de la plaza adonde fueron convocados los opositores amanecieron custodiados por decenas de militares con vehículos antimotines.
«Si el pueblo de Venezuela sigue presionando, sin amedrentarnos, vamos a ver el cambio en todos los niveles del Estado al punto tal de que Maduro va a tener que irse», dijo a periodistas el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, durante la concentración.
Remoción improbable
Las sentencias del TSJ generan fuerte rechazo internacional y abrieron una fisura en el oficialismo, luego de que la fiscal general, Luisa Ortega -chavista confesa-, las denunciara como una «ruptura del orden constitucional».
Debido a ello, Maduro convocó a los podres públicos a una reunión -a la que no acudió el jefe del Legislativo-, en la cual se acordó la supresión de las más recientes medidas contra el Parlamento.
Pero la oposición, que calificó los fallos como un «golpe de Estado», anunció que seguirá en las calles hasta que se respete a la Asamblea, cuyas decisiones son consideradas nulas por el TSJ, que la declaró en desacato en enero de 2016.
También exige elecciones, aunque el presidente descarta un adelanto de las presidenciales, pautadas para diciembre de 2018.
Los comicios regionales, que debían realizarse en 2016, fueron pospuestos y aún no tienen fecha, por lo cual la oposición exige un cronograma.
Los jueces del TSJ «todavía desconocen a la Asamblea, no hay elecciones y hay presos políticos. Vamos a activar el proceso de remoción de magistrados», dijo Guevara.
La corte alega que la cámara está en desacato por no haber desvinculado formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral.
Las posibilidades de remoción de magistrados son escasas, pues dependen del Poder Ciudadano, integrado por la fiscal, el defensor y el contralor, «aliados del gobierno», explicó a la AFP el constitucionalista José Vicente Haro.
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