Guillermo Achá, investigado por haber supuestamente favorecido la contratación de la italiana Drillmec . (Cortesía)
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Un juez boliviano ordenó hoy el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país para el expresidente de la petrolera estatal YPFB, Guillermo Achá, investigado por haber supuestamente favorecido la contratación de la italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.

En una audiencia cautelar en La Paz que duró casi ocho horas, el juez Hugo Huacani dispuso la detención domiciliaria de Achá con vigilancia del fiscal, investigador y el juzgado, informó la Fiscalía General del Estado.

El exfuncionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene prohibido acudir a las oficinas de la empresa y además debe presentar dos garantes personales y acreditar la dirección del domicilio en el que cumplirá el arresto.

Achá fue detenido el martes en la madrugada tras declarar ante la Fiscalía dentro de las investigaciones por las supuestas irregularidades en la compra de taladros a Drillmec.

El Ministerio Público le acusó por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica, y había solicitado su detención preventiva en la cárcel paceña de San Pedro.

La defensa de Achá, quien la semana pasada fue destituido por el presidente boliviano, Evo Morales, ha asegurado que no cometió irregularidades.

Antes de la destitución, la gestión de Achá, quien asumió la presidencia de YPFB en enero de 2015, había sido cuestionada tanto por algunas autoridades del mismo Gobierno como por la oposición por la contratación de Drillmec con supuestas irregularidades.

La semana pasada, el presidente Morales pidió al sustituto de Achá, Oscar Barriga, que realice “inmediatamente una revisión detallada de todos los procesos de contratación” en la petrolera.

El gobernante dijo entonces que el Estado no había sufrido un daño económico porque se detectaron a tiempo las irregularidades.

Dentro de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público hasta ahora han sido encarcelados previamente otros seis funcionarios de YPFB y la gerente legal de YPFB Andina, una subsidiaria de la petrolera participada por el Estado boliviano y la española Repsol.

Los empleados de YPFB recluidos, quienes son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber “beneficiado” la contratación de Drillmec para la compra de los taladros.

El contrato con la firma italiana fue anulado por el propio Achá cuando la Fiscalía comenzó la investigación.

YPFB es la empresa más grande del Estado boliviano y está a cargo de la dirección total del sector tras la nacionalización decretada por Morales en mayo de 2006.

Desde la refundación de la petrolera en 2006, varios de sus presidentes fueron relevados en medio de denuncias de corrupción.




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