Representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil denunciaron este miércoles ante la Defensoría del Pueblo, la destrucción de los servicios médicos en el Táchira.
También aseguraron que la negación de salud a la población constituye un delito de exterminio, ya que quienes ocupan cargos de conducción en esta área, conocen la situación y no hacen nada para garantizar el derecho a la vida.
Ante la Defensoría del Pueblo acudieron Javier Tarazona, director general de FundaRedes; Beatriz Salas, directora de Proyecto 860, Movimiento Vinotinto y representante de la Coalición Anticorrupción; y Omar Vergel, coordinador de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Táchira, condenaron la precariedad de todos los servicios del sector salud que ha sido opacada por la pandemia, pero que cada vez se agudiza más.
Javier Tarazona, afirmó que “negar la atención médica es una condena a muerte. El Estado venezolano sabe que lo que ocurre con el sector salud en esta región es un delito de exterminio”.
Tarazona afirmó que en los próximos días se cumplirán 4 años sin unidad de radioterapia en el Hospital Central de San Cristóbal.
“Hoy un ciudadano que necesite hacerse radioterapia debe ir a Cúcuta por las trochas y pagar más de 5 millones de pesos para cumplir su tratamiento. Además, el Hospital Central también lleva más de 4 años sin tomógrafo; el equipo de rayos X se usa a discreción de quienes estén de guardia, según la emergencia se decide a quién se le hace una placa y a quien no, lo cual representa un apartheid”.
Igualmente denunció que actualmente no hay resonador en el primer centro asistencial del Táchira, y en toda la región solo está en funcionamiento uno de estos equipos en el Hospital San Antonio, municipio Cárdenas, y se debe pagar en pesos.
Exigimos que se haga público el plan de vacunación
Por su parte, Omar Vergel, coordinador de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Táchira condenó que este es el único país donde se vacuna primero a los diputados y a los ministros, antes que al personal de salud.
“Aquí hemos hecho una encuesta entre doctores que incluso trabajan en áreas Covid de centros privados, quienes han atendido más de 500 casos hospitalizados por el virus y ese personal no ha sido vacunado”, dijo.
“Hoy exigimos que se publique un plan de vacunación, donde se diga cuándo van a terminar de inmunizar a los trabajadores del sector salud? ¿cuándo se va a vacunar a los mayores de 80 años?, ¿a los mayores de 60 años?, ¿cuándo van a atender a quienes están en la primera línea de batalla?”, indicó Vergel.
El doctor Vergel recordó que van 360 días de pandemia y aun los trabajadores del sector asistencial se encuentran de luto, al sumar 354 miembros del personal de salud fallecidos por COVID-19 en el país, de los cuales 21 trabajadores son del Táchira.
Por su parte, Beatriz Salas, directora de Proyecto 860 enfatizó que la corrupción sin precedentes en Venezuela ha sido una de las principales causas de la destrucción de la red de hospitales, al destacar que la empresa Odebrecht recibió recursos para varias obras de remodelación y construcción de centros asistenciales y ninguna fue ejecutada.
Según la vocera “la pandemia por COVID-19 solo vino a demostrar la destrucción total del sector sanitario, las deficiencias son terribles en el Hospital Central, Hospital Oncológico, Seguro Social, red ambulatoria y hospitales en los municipios. La corrupción es un flagelo causante directo de la emergencia humanitaria compleja que hoy vulnera los derechos de los ciudadanos”.
Las organizaciones exigieron a quienes ostentan el poder en Venezuela, que presenten información, estadísticas, montos de inversión en materia de salud y se diga quiénes son los responsables de esto que ocurre.
