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Organizaciones de derechos humanos en Argentina anunciaron hoy una movilización conjunta para exigir la cárcel “efectiva” para represores de la última dictadura militar (1976-1983) y contra la “impunidad” para los agentes partícipes en el desalojo de protestas callejeras en la actualidad.

“En estos días, las mayores expresiones de impunidad son las prisiones domiciliarias de (Miguel) Etchecolatz, y decenas de genocidas condenados que también han sido enviados a sus casas”, critica el manifiesto que presentó hoy ante la prensa en Buenos Aires el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

A finales de diciembre, un tribunal concedió el beneficio de la libertad domiciliaria a Etchecolatz, reconocido policía durante el régimen dictatorial acusado de delitos de lesa humanidad, una medida que propició protestas sociales el pasado fin de semana en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde se encuentra su domicilio.

La “impunidad” para los agentes partícipes en eventos “represivos” es otra de las causas que buscan denunciar en la concentración, algo que enmarcan en protestas como las que tuvieron lugar en contra de la reforma del sistema de pensiones planteada por el Gobierno o la que llevó a la desaparición y posterior muerte del artesano Santiago Maldonado.

Asegura el manifiesto que la “política represiva” y las nulas consecuencias penales para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado “pegaron un salto cualitativo” a partir de las muertes de Maldonado y el joven mapuche Rafael Nahuel, que murió a causa del impacto de una bola de plomo en una refriega con la Gendarmería.

“Se intenta crear un enemigo interno inventando el enfrentamiento con un grupo terrorista inexistente a fin de criminalizar a movimientos sociales y políticos opositores a la política de entrega y ajuste”, asegura respecto a esta comunidad Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

El reclamo de este organismo se potencia, como recordaron en el acto, en base a iniciativas del Gobierno como la de ascender al único gendarme imputado por la desaparición de Maldonado, Emmanuel Echazú y que consideran inaceptables.

A su vez, hicieron mención a los periodistas que fueron heridos por agentes policiales durante los disturbios generados por la aprobación de la reforma de pensiones e insistieron en que “no hay ningún policía preso por ninguna de las causas”.

La confluencia, que integra a más de 300 organizaciones sociales, sindicales y políticas de derechos humanos, participará en la marcha convocada para el próximo jueves 11 de enero, en la que partirán desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo denunciando la violación de “garantías elementales” que ejerce el Gobierno de Mauricio Macri.

Contra la criminalización de la protesta, contra la impunidad a los represores, con unidad de acción y profundizando en la lucha, nos vemos en las calles, que siguen siendo nuestras”, aseguró la abogada María del Carmen Verdú, defensa de los detenidos en la manifestación frente a la Cámara de los Diputados del 14 de diciembre.




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