Ocho organizaciones opositoras de Nicaragua pidieron este miércoles sanciones internacionales contra el Ejército de ese país, al que tildan como «uno de los brazos represivos de la dictadura» del Gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde hace más de 16 años.
«Nos dirigimos a todas las organizaciones internacionales y Gobiernos de vocación democrática y comprometidos con la defensa de los derechos humanos para solicitar que coadyuven con el castigo a uno de los brazos represivos de la dictadura Ortega-Murillo, el Ejército Orteguista», demandó el grupo de organizaciones a través de una declaración.
Las organizaciones, autodefinidas como «la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio», expresaron su «profunda preocupación» por «la escalada de violencia y represión que está ocurriendo en el país, en la cual queremos resaltar la complicidad del Ejército, en especial la de sus altos mandos».
«La agresividad de las fuerzas armadas y de seguridad ha llegado al extremo de amenazar de manera explícita a la ciudadanía en general, opositores, medios de comunicación independientes y autoridades eclesiásticas», puntualizaron.
Aseguraron que recibieron «informes creíbles y evidencia que indican la participación de la institución castrense en graves violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas, maltrato y desapariciones forzadas, entre otros actos atroces».
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Unión Nicaragüense de Autoconvocados, Asociación Médica del Exilio de Nicaragua, Iniciativa por el Cambio, entre otras.
Sanciones para el Ejército y «sus empresas»
«Es imperativo que la comunidad internacional actúe de manera inmediata y decisiva para poner fin a esta situación inaceptable. Por lo tanto, hacemos un llamado para imponer sanciones al Ejército, a sus empresas y a todos los responsables de la represión contra la población», abogaron.
A juicio de esas organizaciones, «estas medidas son cruciales para enviar un mensaje claro de que la violencia y la violación de los derechos humanos no son aceptables y mucho menos toleradas en las Américas».
«Exhortamos a todos los países y organizaciones a unirse en esta causa y a tomar medidas inmediatas para asegurar la Justicia y la protección de los derechos humanos en Nicaragua», añadieron.
E instaron «a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para llevar ante la Justicia a los culpables de estos crímenes», porque «la impunidad no debe tener cabida en ninguna circunstancia».
Pedir y aplaudir sanciones, un delito en Nicaragua
Una ley, promovida y aprobada por los sandinistas, mayoría absoluta en el Parlamento, establece que los nicaragüenses que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones no podrán optar a cargos de elección popular.
Además, quedarán inhabilitados a optar a esos cargos «aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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