Diferentes organizaciones de trabajadores, productivas, y gremiales del país, elaboraron un manifiesto bipartito en procura del trabajo decente y productivo, y la justicia social para todos los venezolanos.

Entre lo acordado desataca la adopción de medidas urgentes que alivien la angustia y el sufrimiento de los venezolanos y restituir condiciones dignas de subsistencia, trabajo decente, salario justo, adecuada protección social e igualdad de oportunidades.

De igual manera expresan la necesidad de garantizar el libre ejercicio de los Derechos Humanos, laborales, sociales, económicos, civiles y políticos previstos en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por Venezuela.

El manifiesto es suscrito por Fedecámaras, CTV, UNETE, ASI Venezuela, CGT, Codesa, Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios de Venezuela; ATRAEM, Fapuv, Apucv, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la Federación Médica de Venezuela, actuando de manera autónoma e independiente, como fuerzas productivas del país, en defensa de la democracia y del trabajo decente y productivo como fuente de progreso, bienestar y justicia social.

Unir esfuerzos

En el escrito se indica que como resultado del diálogo bipartito promovido por la OIT y ante la ausencia de convocatoria de los actores sociales fundamentales en el diseño de políticas públicas y acciones concretas a corto, mediano y largo plazo que impulsen el progreso de Venezuela, estas instituciones decidieron unir esfuerzos y suscribir el referido manifiesto.

La idea es comunicar al país su compromiso de trabajar y propiciar la más alta unidad nacional para derrotar la pandemia y emprender prontamente el camino hacia la reconstrucción del país y el rescate de su producción y su economía.

En tal sentido acordaron:

1. Propiciar la adopción de medidas urgentes que alivien la angustia y el sufrimiento de los venezolanos y restituir condiciones dignas de subsistencia, trabajo decente, salario justo, adecuada protección social e igualdad de oportunidades, garantizando el libre ejercicio de los Derechos Humanos, laborales, sociales, económicos, civiles y políticos previstos en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por Venezuela.

2. Promover medidas para sostener e incrementar las fuentes de empleo, con el fin de revertir el estado de indefensión de los trabajadores y sus familias y superar la crisis, hoy agravada por la pandemia.

3. Trabajar unidos en la búsqueda de las soluciones más efectivas para superar con rapidez la pandemia, apegados a los cuatro pilares sugeridos por la OIT: a) apoyo a los empleadores para mantener las fuentes de empleo y los ingresos de los trabajadores; b) estímulo a la economía y el empleo; c) protección a los trabajadores en el lugar de trabajo; y d) uso del diálogo social.

4. Sumar esfuerzos para acometer un plan concertado de reactivación de la actividad productiva que permita el retorno al trabajo de manera progresiva, ordenada, saludable y segura, bajo métodos flexibles, garantizando a los trabajadores ingresos suficientes para alimentarse y protegerse y cubrir las necesidades del núcleo familiar, sin poner en riesgo su salud física y emocional. 5. Explorar mecanismos de cooperación y asistencia de organismos internacionales y multilaterales para dar soporte a los trabajadores y empleadores, a través de programas que coadyuven a superar la pandemia de manera más ágil y eficaz e impulsar el mayor desarrollo del país.

6. Impulsar y fortalecer el respeto a la institucionalidad, la libertad individual y los principios y derechos constitucionales, así como el reconocimiento de la sociedad civil y la soberanía popular como sustento de la democracia, pues el progreso de un país se basa en la solidez de sus instituciones y el trabajo de su gente.

7. Demandar un cambio de rumbo inmediato en el modelo político, económico y social del país, basado en la participación efectiva de todos los actores de la sociedad y así evitar una espiral irreversible de mayor pobreza, desempleo, desigualdad, hambre y violencia.

8. Hacer un llamado a la unidad nacional en defensa del país y convocar a todas las fuerzas vivas, para construir juntos un gran acuerdo nacional, basado en un diálogo social inclusivo y plural que nos permita, una vez superada la pandemia, generar los consensos necesarios para emprender las reformas estructurales que nos inserten en un proyecto de desarrollo sostenible, basado en la revalorización de la cultura del trabajo, la capacitación, la innovación, la ciencia y la tecnología, que deje atrás el rentismo y haga nacer una nueva Venezuela, humanista, pacífica, democrática, productiva, emprendedora, moderna y competitiva, con estabilidad política, social, económica y de justicia social, como todos anhelamos.

Los considerandos para suscribir este acuerdo incluye:

A) El alarmante estado de zozobra en que se encuentran los venezolanos por la confluencia de los efectos de la pandemia COVID-19 y la ya existente crisis humanitaria compleja y multidimensional reconocida por diversos organismos internacionales y multilaterales, causada por un sistema político que desmanteló la institucionalidad democrática e impuso un modelo económico estatista, ineficiente y rentista, que ha cercenado la libre iniciativa y la propiedad privada y que indujo a una destrucción sin precedentes de la producción nacional y de la calidad de vida de los venezolanos.

B) La profunda devastación del aparato productivo nacional y de las fuentes de empleo, exacerbada por el colapso de todos los servicios públicos, incluyendo la escasez de combustible, lo cual ha hecho mucho más vulnerables a los venezolanos ante los graves impactos de la pandemia.

C) El creciente deterioro de las condiciones, cantidad y calidad de los empleos y la depauperación del salario, la capacidad adquisitiva y el ahorro de los trabajadores, así como de sus prestaciones sociales, sumados a la violación de sus derechos humanos fundamentales a tener una vida digna, con seguridad social, libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, a la huelga y a la protesta cívica y pacífica y demás derechos constitucional e internacionalmente consagrados.

D) La inobservancia del Estado a las Recomendaciones del Informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado: “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela”, a seis (6) meses de su emisión, el cual exige el cese del acoso y la violencia contra las organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores; la consulta tripartita para temas como la fijación del salario mínimo; la eliminación de mecanismos de injerencia política en la actividad sindical, como los Consejos Productivos de Trabajadores; la adopción de medidas que permitan el libre ejercicio de la actividad sindical y la instalación de una Mesa de Diálogo Social Tripartito y efectivo en nuestra nación.

E) La urgente necesidad de adoptar medidas eficaces para que los trabajadores formales, informales, cuentapropistas, pensionados y jubilados, así como los empleadores y emprendedores y la población en general puedan obtener los recursos necesarios para sobrellevar las restricciones que impone la pandemia y cumplir con las normas de prevención que permitan restablecer la productividad en el país, así como las condiciones de trabajo decente, digno y libremente elegido.




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