Luisa Ortega Díaz aseguró que existe una gran impunidad para los violadores de los derechos humanos en Venezuela y además denunció que 37 presos políticos se mantienen encarcelados por orden del Gobierno a pesar de que jueces han ordenado su salida de prisión.
Ortega afirmó que cuando ejercía el cargo recibió presiones y citó como ejemplo el caso del estudiante Juan Pernalete, muerto durante una manifestación.
«Juan Pernalete murió por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional disparada directamente al cuerpo. El Gobierno quería que yo dijera que había muerto con una pistola de perno cuando las evidencias indicaban que había sido la Guardia Nacional que lo había asesinado. Hay muchos casos como ese», expresó.
La fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente también citó como evidencia de la problemática de los derechos humanos el caso del militar retirado Raúl Isaías Baduel, quien estaba preso en un centro militar y que de allí fue secuestrado por unos hombres encapuchados hace tres semanas y no se sabe de su paradero.
Desde el exilio, señaló que en Venezuela los presos políticos son sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos, y advirtió que de regresar a su país ella correría la misma suerte e incluso podría ser asesinada.
Los datos brindados por Ortega indican que durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro han resultado heridas 2.000 personas, de las cuales 130 murieron, en su mayoría jóvenes.
Además, dijo que unos dos millones de venezolanos han huido del país debido a la situación precaria y a la persecución política.
