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Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, aseguró que la presencia de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz en la Corte penal internacional de La Haya, donde presentó acusaciones en contra del  Nicolás Maduro, ratifica las denuncias ante el Ministerio Público en relación a la violación sistemática en materia de derechos humanos por parte del Estado venezolano.

Narváez señaló la importancia de esta acción por parte de Ortega Díaz, quien consignó documentos y experticias forenses, pero cuestionó que no haya incluido las protestas de 2014. “Es una omisión imperdonable porque durante su gestión se cometieron muchas violaciones a los derechos fundamentales de forma sistemática, de las cuales ella tiene pleno conocimiento”.

El activista por los derechos humanos recordó las más de 3 mil 335 detenciones arbitrarias ocurridas a partir de 2014, en su mayoría por la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, y el Servicio bolivariano de inteligencia, Sebin. “En esos casos no hubo derecho a la defensa y las víctimas fueron llevadas a establecimientos militares donde se les aplicaron tratos crueles e inhumanos. Además, hubo 43 fallecidos, seis de ellos GNB y desde esa fecha aun se espera justicia”.

Narváez invitó a Luisa Ortega Díaz a que presente un balance que incluya el año 2014 en razón de que, “tanto la Corte penal internacional como el mundo deben conocer las atrocidades que ocurrieron en Venezuela desde que iniciaron las protestas en 2014 hasta el presente. Aspiro a que mantenga esa energía y fuerza que la caracteriza por el bien del país y no por una retaliación política debido a la persecución política que hizo el Estado en su contra”.

Sobre el diálogo con la oposición, le preocupa que este nuevo acercamiento plantee hablar de elecciones limpias, crisis humanitaria y presos políticos, los cuales no pueden ser negociados de algún modo. “Quienes fueron sometidos a detenciones arbitrarias son víctimas de varios delitos como ocurrió con la represión sin límites del Plan Zamora, cuyos responsables cometieron todo tipo de excesos, por lo que estos caso no son negociables en razón de que las torturas y los crímenes no prescriben”.

Rafael Narváez exhortó a la oposición y al gobierno a asumir la responsabilidad frente al hambre que azota el país, la falta de medicamentos y de salud que ha ocasionado un importante número de fallecidos, ignorados por los factores en pugna. “La única mesa de diálogo que debería existir es aquella que permita combatir el hambre y generar puntos de encuentro para evitar que se siga extendiendo ese grado de indefensión de los venezolanos frente al flagelo de la falta de alimentos, que constituye un crimen pues afecta la calidad de vida, la salud y puede producir la muerte”.




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