La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, interpuso ante la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tres recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó la Asamblea Nacional Constituyente y se establecieron sus bases comiciales, así como las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con ese proceso.
La fiscal demandó la nulidad del Decreto Nº 2.830 del 1° de mayo de este año, a través del cual el presidente Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente.
En el documento se señala que el Jefe de Estado solo cuenta con la iniciativa de la Constituyente, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la cual puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso para redactar un nuevo texto fundamental.
Se precisa que esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación del poder constituyente originario que, según los artículos 5 y 347 constitucionales, reside en el pueblo.
Igualmente, se requirió la nulidad del Decreto Presidencial Nº 2.878, del 23 de mayo de este año, en el cual se contemplan las bases comiciales de la ANC, por violarse los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica. Además de vulnerar la reserva legal, el derecho al sufragio, la universalidad e igualdad de este.
Nota de Prensa
