El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. (EFE)

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazó la amenaza de recurrir a la opción militar contra Venezuela del mandatario estadounidense, Donald Trump, la cual, consideró «no tienen cabida».

«Nos encontramos en estos tiempos todavía con que siguen lanzándose amenazas contra pueblos hermanos latinoamericanos y caribeños. Ahora ha lanzado el Presidente de los Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela una amenaza que no tiene cabida. ¡No tiene cabida!», exclamó Ortega en un acto privado, cuyas declaraciones divulgó hoy el Ejecutivo nicaragüense.

Trump advirtió el pasado viernes que Estados Unidos tiene «muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario».

Tanto el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como la oposición y numerosos países latinoamericanos han rechazado las amenazas de Trump.

Ortega recordó que en una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en La Habana, los jefes de Estado y de Gobierno declararon «a América Latina y el Caribe como zona de paz».

Celebró, por tanto, que después de la amenaza de Trump, incluso los gobiernos que tienen posiciones encontradas con el de Venezuela «han sido claros (y) es unánime el grito en América Latina: ¡nadie quiere intervención militar de los Estados Unidos!».

«Nadie le está pidiendo a los Estados Unidos que vengan a intervenir militarmente a ningún país latinoamericano y caribeño», señaló.

Asimismo, ponderó la posición del mismo vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre la situación en Venezuela, que descartó el uso militar.

Ortega es el principal aliado político y económico de Maduro en Centroamérica.

Nicaragua y Venezuela forman parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Desde 1 de abril Venezuela ha sido escenario de protestas a favor y en contra del Gobierno, con un balance de más de 120 muertos, sin embargo, el nuevo fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que esa cifra contabilizada por su antecesora era demasiado alta al incluir a personas muertas en contextos distintos a las manifestaciones. 




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