La madrugada del lunes 15 de enero de 2017, los venezolanos despertaron con la transmisión en vivo a través de sus redes sociales de lo que terminó siendo la ejecución extrajudicial del exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez y varios de sus compañeros.
Desde la 4:00 de la mañana comenzaron a circular en Instagram los vídeos del expiloto en los que aseguraba estar “rodeado” por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Pérez indicó que se encontraba en la carretera nueva de El Junquito (municipio Libertador, Distrito Capital) negociando con los funcionarios y fiscales que se encontraban en el sitio, para entregarse junto a otras seis personas.
En los audiovisuales se podía observar al hombre asegurando que la orden era asesinarlos, o por lo menos eso era lo que manifestaban escuchar de los funcionarios. “Literalmente nos quieren asesinar, no los acaban de decir… estamos negociando para entregarnos y lo que hacen es dispararnos”, expresó.
Hasta la madre de Pérez, Aminta Péréz, publicó un vídeo para asegurar que su hijo deseaba entregarse a las autoridades y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de “cualquier cosa que le llegase a suceder”.
Sin embargo, esto no fue suficiente. Pasado el mediodía de aquel lunes el Gobierno hizo público el “desmantelamientos de una célula terrorista”, alegando que los involucrados se habían enfrentado a las autoridades.
La comunidad nacional e internacional manifestó su asombro por este hecho, que la Asamblea Nacional catalogó como una “masacre”, perpetrada por el gobierno de Maduro, una ejecución a la que todos los ciudadanos tuvieron acceso por medio de las redes sociales.
El Parlamento inició inmediatamente las investigaciones y acompañó a los familiares para que los cuerpos de estas personas fuesen estregados. Sin embargo, el calvario apenas comenzaba, las trabas para identificar los cuerpos y el hermetismo del Gobierno se hizo presente por varios días.
El diputado por la Mesa de la Unidad Winston Flores, informó el jueves 18 enero que de manera extraoficial, se sabía que el Gobierno había ordenado la cremación de los cuerpos del exCicpc Óscar Pérez y José Alejandro Díaz Pimentel. Solo con presión nacional e internacional se evitó que esto se concretara.
Ese mismo día las autoridades sacaron de la morgue los cuerpos de Abraham Agostini y José Díaz Pimentel, y los abrían trasladados hasta el Cementerio del Este, para llevar a cabo un entierro sin actos velatorios previos ni la presencia de sus familiares.
Con información de TalCual
