El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 3.393 protestas durante el primer semestre de 2021, equivalente a un promedio de 19 diarias. Esta cifra representa una disminución de 23% en comparación con el mismo período del año anterior.
Un año y tres meses después de la llegada del Covid-19 en Venezuela, la situación de vulnerabilidad de las familias ha ido en aumento. No solo cargan con las consecuencias de una pandemia, de los controles prolongados ejercidos por el Estado sin un plan
efectivo, sino que la población enfrenta las dificultades y desafíos propios de la Emergencia Humanitaria Compleja, así lo publica en su página web el observatorio.
Explican que en estos seis meses de 2021, los venezolanos continúan ejerciendo el derecho humano a la protesta pacífica en las calles, a pesar de las acciones represivas perpetradas por representantes de las instituciones del Estado y civiles armados, quienes se han amparado en el estado de alarma por Covid-19 para profundizar el control social y realizar prácticas contrarias a la garantía de derechos. Periodistas y defensores de derechos humanos han estado bajo el asecho.
A la fecha, el Estado venezolano no ha demostrado tener voluntad política real para dar cumplimento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de
protección de derechos humanos. Es fundamental el diseño e implementación de medidas, planes y políticas públicas que garanticen y protejan de forma plena y efectiva el derecho a la reunión y manifestación pacífica.
Mayoría de las protestas para exigir Derecho Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Conflictividad del primer semestre 2021
Durante los seis meses del año 59 protestas fueron reprimidas, dejando un saldo de 1 persona asesinada, 25 manifestantes detenidos y 7 heridos.
La exigencia de derechos laborales se mantuvo en el primer lugar del índice de manifestaciones durante los primeros seis (6) meses del año, siendo la dolarización del salario la principal exigencia.
Trabajadores del sector salud se unieron en demanda de la resignificación del trabajo. Además, junto a pacientes y sus familiares reclaman dotación de materiales, equipos de
bioseguridad, así como jornadas de vacunación contra el Covid-19.
Trabajadores del sector educativo continúan reclamando sueldos justos y condiciones dignas y seguras para trabajar, solicitud que incluye desde jornadas de vacunación contra el Covid-19 hasta el cese de las amenazas de ser sustituidos por jóvenes integrantes del Plan Chamba Juvenil.
Productores, comerciantes y trabajadores del sector informal rechazan las medidas restrictivas en cuanto a horarios, cobros excesivos de impuestos y retención ilegal de mercancía como prácticas cotidianas de las autoridades, lo que les dificulta generar los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, salud, servicios, educación).
Concentraciones y cierres de vía han sido protagonizadas por transportistas en rechazo a las tarifas del pasaje, falta de unidades de transporte, y las frecuentes y extensas jornadas de espera en estaciones de servicio adquirir combustible.
Usuarios del transporte público denunciaron las constantes alzas en las tarifas, que en algunos estados se cobra en moneda extranjera.
El colapso de los servicios básicos aumenta y se recrudece con el pasar de los días. Los reclamos por agua potable no cesan, mientras aumentan las penurias para adquirir y usar gas doméstico, además aumenta la preocupación ante los cada vez más frecuentes y prolongados cortes eléctricos en todos los estados del país.
Aumentan las protestas por fallas en los sistemas de drenaje de aguas servidas y deficiencia en la recolección de desechos sólidos, como conflictos en ciernes que pueden afectar la salud pública.
Caracterizando la conflictividad
Se incrementan los reclamos por las fallas de conexión en los servicios de telefonía móvil, fija, de internet y televisión por cable.
Las protestas y denuncias vinculadas al abastecimiento de gasolina continúan. Más allá de la dolarización e instalación de Estaciones de Servicio Express, los ciudadanos siguen
denunciando a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por cobros ilegales y discrecionalidad durante el control, venta y distribución de combustible.
Vecinos, adultos mayores, trabajadores, maestros, activistas de derechos humanos, políticos, sector salud, pacientes y familiares protestaron en 522 oportunidades, para exigir aumenten las jornadas de vacunación contra el Covid-19, sin discriminación y con transparencia.
En muchas ocasiones los adultos mayores pasan largas horas en cola sin ser vacunados por lo que han alzado su voz de protesta en exigencia de un proceso de inmunización justo, organizado y urgente. Se incrementan las protestas y denuncias en contra de ocupaciones ilegales de casas y establecimientos.
El rechazo a las acciones represivas, abusivas e irregulares de los diversos cuerpos de seguridad pública en el país fueron el motivo para 37 protestas documentadas en 15 estados del país.
Personas privadas de libertad y sus familiares protestaron para denunciar los retrasos procesales, la falta de traslado a tribunales, la desatención en cuestiones alimentarias y
sanitarias que recrudecen las ya difíciles condiciones carcelarias en el país.
Defensores de derechos humanos realizaron movilizaciones a nivel nacional para denunciar detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales a organizaciones y personas que defienden derechos humanos y realizan acciones humanitarias.
Derechos más exigidos durante el primer semestre 2021
Consulta el informe completo aquí OVCS
 registró 3.393 protestas durante el primer semestre de 2021, equivalente a un promedio de 19 diarias. Esta cifra representa una disminución de 23% en comparación con el mismo período del año anterior.){kind=link}