En el primer semestre de este año murieron 93 detenidos que se encontraban en calabozos policiales, según las estadísticas que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones a nivel nacional.
El coordinador general del OVP, Humberto Prado, informó que los reclusos murieron por enfermedades como tuberculosis, sida, hepatitis, sufrieron desnutrición, otros se suicidaron o fueron víctimas de agresiones físicas.
La cifra correspondiente al primer semestre de 2019, supera a la del año 2018, y la referida al segundo trimestre de 2019 duplica la del primer trimestre de este mismo año.
Prado explica que esta situación se deriva del hacinamiento que existe en los calabozos policiales, pues ante la falta de centros carcelarios los comandos policiales se han convertido en cárceles, siendo su finalidad mantener a los detenidos por 48 horas hasta que sean presentados en los tribunales. Pero allí pasan meses y hasta años.
Las declaraciones fueron ofrecidas por el defensor de los derechos humanos de los presos durante el foro realizado este jueves en Caracas con motivo del Día Internacional del Recluso y el IV aniversario de las Reglas Mandela. El evento se llevó a cabo en forma simultánea, en otros siete estados del país, entre ellos Carabobo, Bolívar, Táchira, Mérida, Lara y Guárico.
El foro contó con importantes ponentes como Alí Daniels, Joel García y Carlos Lusverti.
La dictadura tras una fachada institucional
Daniels desmembró –literalmente- el paquete de alegatos presentado por el Gobierno para refutar el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en torno a la violación de derechos humanos en Venezuela.
Aseguró que no hay “70 errores” como lo quieren hacer ver los medios oficiales porque son 70 puntos en total, y varios puntos se refieren al mismo tema.
Explicó que cuando el Gobierno asegura que 82% de las entrevistas se hicieron fuera de 0Venezuela, era lo más lógico, porque se trata de emigrantes, la diáspora venezolana, que tuvo que escapar.
Una persona que ha sido perseguida, amenazada, torturada ó encarcelada no puede hablar libremente dentro del país, agregó.
Para Daniels, el Gobierno en su informe lo que hace es corroborar lo expuesto por la Alta Comisionada, y hasta se metió un autogol, cuando dice que hubo 10.598 homicidios, de los cuales 5.287 fueron por resistencia a la autoridad, es decir, supuestos enfrentamientos. Significa que “la mitad, exactamente el 49,88% murió por fuerzas del Estado”.
Señala que al estilo del gobierno de Fujimori, tras una fachada de cartón piedra se esconde una dictadura al estilo del siglo XXI, practicando detenciones con orden judicial.
Todos estamos bajo libertad condicional
Por su parte el abogado Joel García disertó sobre los presos de conciencia y aseguró que en Venezuela aplican la pena anticipada, por pensar distinto.
García ha sido abogado defensor de la mamá de Bassil Da Costa, el estudiante asesinado en las protestas de 2014, del alcalde Scarano, Carlos Melo, Antonio Ledezma, Leopoldo López, y últimamente asiste a Juan Requesens y Carlos Marrero.
Juan Requesens fue detenido después de haber dado un fogoso discurso en la Asamblea Nacional, está próximo a cumplir un año preso y solamente le han hecho la audiencia preliminar.
García ha sido testigo de excepción de las condiciones en que viven los presos en los centros de la PNB de San Agustín del Sur y en Boleíta, y ha visto enfermos de Sida, excluidos, abandonados en un patio.
En Venezuela no existe el debido proceso, la cárcel es la muerte, los fiscales son partícipes de la tortura porque el Fiscal General es un operador político. Sé que por esto que digo seré perseguido, ya en un programa de televisión me vincularon con grupos desestabilizadores, pero ya el tema fue elevado a la Relatoría de Derechos Humanos.
Y agrega:Los presos políticos no tienen derecho a nada. Si corren con suerte los presentan a las 48 horas, pero generalmente pueden transcurrir 60 ó 90 días. Todos estamos en libertad condicional.
Una persona podía ser detenida únicamente cuando era sorprendida en flagrancia ò con una orden judicial, pero desde el 9 de abril de 2001, por resolución del TSJ, mediante la sentencia 526, con ponencia de Iván Rincón Urdaneta, la persona puede ser aprehendida fuera de estas dos condiciones.
Una sentencia histórica y todo sigue igual
Carlos Lusverti hizo un resumen de la “sentencia histórica” sobre el Retén Judicial de Los Flores de Catia, emitida por la Corte Interamericana en el año 2006, sobre los sucesos ocurridos durante la intentona golpista de 1992. Allí murieron 63 reclusos, hubo 52 heridos y 28 desaparecidos.
El Estado, que debía corregir y adecuar la norma jurídica para garantizar los derechos humanos, alegó que “eso era antes”, porque este gobierno estaba adelantando un “Plan de Humanización Penitenciaria”. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, los males que caracterizaron al deplorable Retén de Catia, demolido en 1997, persisten hoy en los centros carcelarios. No existe ni el respeto a la vida.
