Son condiciones infrahumanas. Donde caben tres meten a 30. Los centros de detención preventiva en policías municipales son, para Humberto Prado, calabozos y depósitos de seres humanos. No hay renovación. La redención es imposible. Allí solo se cultiva más maldad. El director de la Organización No Gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones dijo que el hacinamiento de las cárceles ‘provisionales’ alcanza 660%.
En los centros de reclusión convencional la realidad no es muy distinta. La capacidad instalada de los centros de privación de libertad es de 38 mil presos. Pero hay 89 mil, lo que genera un hacinamiento de 234%. El Gobierno, a través del Ministerio para Asuntos Penitenciarios, intenta maquillar una realidad en la falta de construcción de nuevas infraestructuras para atender a la población de presos. “Lo que han hecho es separar los centros convencionales en anexos, y lo suman como cárceles distintas cuando en realidad son lo mismo”.
En total, sumando la capacidad instalada de calabozos municipales, que pueden atender cinco mil reclusos, cuando en realidad albergan a 33 mil; más la de centros convencionales como el Centro Penitenciario de Aragua en Tocorón, el penal de Tocuyito, entre otros, el nivel de hacinamiento es de 283%. Tantas personas sin atención médica, comida y refugio son los factores que desencadenan una emergencia en el sistema. “En los estándares mundiales, cuando hay 20% de hacinamiento es delicado. Cuando hay 40% se declara un estado crítico, ¿y a lo que tenemos cómo le llamamos?”.
En Carabobo hay uno de los casos más críticos. Es el penal de Tocuyito. Allí hay una capacidad instalada de 500 reclusos, pero hay siete mil 200. Al lado se inauguró el Centro de Formación para el Hombre Nuevo, con capacidad para mil 200 presos, pero solamente hay 122. “¿Por qué no se descongestiona el penal que está al lado?”, se preguntó el activista.
“Hay llamados de directores de policías que dicen que se le están muriendo los reclusos porque no tienen comida”
Las promesas no se han cumplido. En los centros con el nuevo régimen penitenciario se evidencian maltratos a la población. Decretos como el aprobado el año pasado por la Asamblea Nacional (AN) que regulaba el uso de teléfonos celulares, no se cumplió. “Una muestra es el asesinato del hijo del basquetbolista Juan Manaure, que fue planificado desde una prisión”.
