De acuerdo a la información recabada por el equipo del OVP para el Informe 2020: «Muertes en las cárceles por denegación de alimentos», durante el año 2020 murieron 292 privados de libertad en las cárceles. Las muertes por condiciones de salud representaron el 63,01% de los decesos, con un total de 184 fallecidos por motivos de salud.
Esta cifra refleja un aumento desproporcionado en comparación con los años anteriores, solo entre 2019 y 2020 el número de fallecidos por salud se incrementó un 178,79%. En ese sentido, OVP pudo concluir que la tuberculosis y desnutrición fueron las causas principales de los decesos, pues al menos 85% del total de las muertes por salud se asocian a estas patologías, mientras que el otro 15% corresponde a hepatitis, cuadros diarreicos, obstrucción intestinal, personas diabéticas o con crisis convulsivas sin tratamiento, entre otras enfermedades.
Falta de atención médica
En todos los casos documentados por OVP en el año 2020, las personas recluidas carecían de atención médica en los penales, más de un 95% de los fallecidos estaban desnutridos, y un número significante de fallecidos sufría de cuadros de desnutrición severa, aún cuando sus causas de muertes resultaron otras.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), indicó que a través de las denuncias pudieron constatar que los privados de libertad habían presentado pérdidas de peso entre 40 a 50 kilos. También pudieron conocer que hubo pocos presos trasladados a un centro de atención médica, bajo el alegato de que no había una orden de un tribunal o transporte para tal fin.
El informe del OVP revela -además- que durante 2020 también se vivieron episodios de violencia dentro de los centros penitenciarios, con un saldo de 108 fallecidos. Uno de los casos se registró en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, donde fallecieron 49 presos y otros 75 resultaron heridos durante un motín por el ingreso de alimentos.
Hacinamiento
De acuerdo con la información obtenida por el OVP, con presencia en 14 estados del país, la población reclusa en todo el territorio nacional es, según sus estadísticas, 37 mil 543 personas: 35 mil 360 hombres y dos mil 183 mujeres; mientras que la capacidad instalada era de 26 mil 238 plazas. Esta última cifra se vio severamente afectada tras el cierre de 10 centros carcelarios.
La organización también dio a conocer que en 2020, la capacidad real instalada se situó en 21 mil 188 plazas. Es decir, se estarían desaprovechando 5 mil 050 plazas, los cuales podrían adecuarse con las condiciones mínimas de reclusión establecidas y contribuir con el descenso de los índices de hacinamiento.
Entre tanto, la directora del OVP resaltó que esta situación de hacinamiento crítico ha sido denunciada oportuna y verazmente desde hace cuatro años. A pesar de que durante ese mismo tiempo ha disminuido la población penitenciaria, la sobrepoblación es mayor al 40%.
En cuanto a la población reclusa extranjera, el OVP informó que se cuentan 851 privados de libertad de otra nacionalidad: 726 hombres y 85 mujeres, lo que representa el 2% de la población penal total.
Por otro lado, el informe refleja que el Estado venezolano no ha cumplido eficazmente las garantías judiciales y las debidas protecciones judiciales inherentes a las personas bajo su custodia.
Girón, manifestó que el sistema de justicia penal venezolano se ha caracterizado por procesos interminables y altos índices de retardo procesal. Tal como detalla el informe, el 37% de la población carcelaria tiene una condena firme, mientras el 63% está en condición de procesado.
Pandemia en penales
Desde el inicio de la cuarentena obligatoria por la pandemia de la COVID-19, la suspensión de las visitas y del ingreso de alimentos y otros insumos a los penales afectó en gran medida a la población penitenciaria. Además, fueron suspendidos todos los procesos judiciales, recrudeciendo aún más la situación.
Ante la falta de un plan de alimentación adecuado en las cárceles, son los familiares quienes asumieron la tarea de llevar alimentos a los reclusos. No obstante, esto se volvió misión imposible porque muchas personas se vieron imposibilitadas de trasladarse de un estado a otro, esto aunado al hecho de que las visitas estuvieron suspendidas por más de cinco meses, informó Girón.
Sobre los casos de COVID-19 en centros penitenciarios o centros de detención preventiva, hubo opacidad en cuanto a la información por parte de organismos oficiales; sin embargo, OVP recabó declaraciones de funcionarios públicos en varios estados del país, quienes informaron sobre 135 casos de COVID-19 en centros de reclusión.
Con información de nota de prensa.