Humberto Prado. (Cortesía)

Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó investigar a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien ordenó el traslado de 30 presos de la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, para apostarlos en la frontera con Colombia a fin de evitar el ingreso de ayuda humanitaria programada para este sábado 23.

Prado califica el hecho como una gran irresponsabilidad, en la que estarían incursos los jueces que tienen a su cargo los expedientes, y los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de la custodia externa del centro carcelario, ante la mirada complaciente de la Fiscalía y la Defensoría.

El defensor de los derechos de la población reclusa hace una similitud con la famosa Gestapo, a través de la cual en la Alemania Nazi  utilizaban ex convictos, malvivientes y locos para matar, amedrentar y desaparecer a los adversarios políticos.

-Hemos venido denunciando ante la Comisión de derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación sistemática de los derechos de los presos.

Prado aseveró que detrás de los barrotes carcelarios persiste una crisis humanitaria compleja. Los presos mueren por desnutrición al no recibir la alimentación adecuada, por falta de asistencia médica y sanitaria, sin medicamentos para atender enfermedades como VIH, salmonela, hepatitis, tuberculosis, malaria, etcétera.

Calificó como una ironía de las autoridades, llevar a los presos a una carpa instalada en el puente internacional Tienditas, frontera con Colombia, para amedrentar a sus conciudadanos que acuden en busca de un medicamento para salvar sus vidas, mientras muchos reclusos mueren tras las rejas por falta de los mismos insumos.

-La prisión es para que los infractores de la ley cumplan sus penas corporales, y solo pueden salir de acuerdo con lo que estipula la normativa, como por ejemplo ser trasladados a los tribunales, a practicarles exámenes médicos, al funeral de un familiar, etcétera, no para hacer un show político.

Prado recordó a la ministra que en la cárcel de El Dorado se están muriendo los presos por malaria y cuando muere un recluso, ni siquiera el ataúd se lo facilitan al familiar, siendo que el individuo se encontraba bajo custodia del Estado.

El defensor dijo que en la División de Vehículos del Cicpc en Quinta Crespo es tal el grado de hacinamiento, que los presos duermen parados y a consecuencia de ello tienen las piernas hinchadas y los pies parecen “manos de cambures” por la inflamación.




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