Los venezolanos, cansados de ver como las promesas de vacunación por parte del Gobierno se desvanecen y con la paciencia ya agotada, salieron a la calle este viernes a reclamar un plan de inmunización antiCOVID y transparencia en un proceso que, por el momento, desconoce la mayoría.
Plazos incumplidos, cifras irreales, compromisos que acabaron en nada y falta de información veraz constituyen algunas de las razones que han llevado a los ciudadanos a implorar, de manera desesperada, la vacuna prometida.
Y mientras el mundo se vacuna y avanza en la inoculación, su país se aisla y queda fuera de un ritmo ascendente hacia la ansiada inmunidad, hacia la que la mayoría se dirigen.
Según el Gobierno, las socorridas sanciones, culpables de todos los males, son la causa de que la llegada de las vacunas se haya retrasado, pero esto afecta de manera selectiva a unos o a otros.
Promesas prorrogadas
Los venezolanos han oído al presidente Nicolás Maduro, ya el pasado noviembre, que en abril de este año empezaría la vacunación masiva, pero dos meses después de la fecha inicialmente prevista, ha habido varias rectificaciones en los plazos: julio, agosto, y la última, septiembre u octubre.
Aunque, realmente, la promesa se cumplió en parte. La vacunación empezó, incluso antes de abril. Pero solo para unos cuantos elegidos, entre ellos el propio mandatario, que recibió la primera dosis de la Sputnik V en día 6 de marzo ante las cámaras de la televisión pública.
Además, los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), entre los que se encuentran su esposa, Cilia Flores, y su hijo, Nicolás Maduro Guerra, también resultaron inoculados por las mismas fechas.
Y mientras, el personal sanitario, al que se había incluido entre los sectores prioritarios, sigue a la espera, cada vez con menos talante y paciencia, al ver como el sistema de privilegios antepone a miembros del Ejecutivo y políticos chavistas, al margen de edades y factores de riesgo.
La paciencia, al límite
Los retrasos, las falsas esperanzas y el ver como solo unos pocos privilegiados eran vacunados llevaron a la ciudadanía a exigir un derecho, que, según la Constitución es igual para todos, pero en la práctica, la brecha es descomunal.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, alzó hoy su voz para pedir transparencia y verdad a la Administración, y atención a la «tragedia humanitaria».
«Es importante que se atienda la tragedia humanitaria que afecta al pueblo venezolano; hoy los venezolanos nos estamos muriendo por falta de atención médica, por el colapso hospitalario», dijo la enfermera, quien, pese a arriesgar su vida todos los días para salvar la de otros, no está vacunada.
Contreras también exigió verdad en las informaciones oficiales sobre la COVID-19, ya que lo que ella vive a diario no se corresponde con lo que dicen los funcionarios desde sus despachos, cámara de televisión mediante.
«Yo tengo que decirle al ministro de Salud (Carlos Alvarado) que lo primero que tiene que hacer es decirle la verdad al país. Cuando él habla de que un 90% de los trabajadores de salud está vacunados, se refiere a Caracas pero Caracas no es Venezuela», dijo la enfermera.
«Lo invito a que vaya a Portuguesa, donde en este momento el repunte de COVID ha generado un estado de alarma, donde los hospitales están colapsados, donde las enfermeras no tienen protección; que vaya al estado Barinas (…) las enfermeras se están cubriendo con bolsas negras, que vaya a Aragua donde lo que hay es un 40% de personal», agregó.
Contreras y demás participantes en la protesta pidieron un plan nacional de vacunación «transparente, con objetivos y con alcance, y que se publique», porque los venezolanos tienen «el derecho a conocer las incidencias del plan».
Sin datos fiables
A la fecha, la ciudadanía desconoce el número de vacunas que han llegado al país, cuántas se han colocado ya, a qué edades y sectores -además del político-, en qué estados y demás detalles referentes a la vacunación.
También se desconoce el número real de enfermos de COVID desde que comenzó la pandemia y que el Gobierno cifra en 228 mil 828, de los que 2 mil 576 fallecieron, pero que ni la oposición ni organizaciones del sector salud, del que han fallecido unas 600 personas, se creen.
Y la desconfianza es creciente también entre la ciudadanía, que ve como varios familiares se han contagiado o muerto sin ser atendidos en la sanidad pública, por no haber «cupos libres» (camas disponibles) en los hospitales en el momento de mayor gravedad.
El Gobierno, a día de hoy, sigue contabilizando los pacientes atendidos en centros sanitarios u hospitales públicos y privados, obviando así a aquellos que no fueron tratados en ninguno y que se recuperaron o fallecieron en su casa. EFE
