Para los pacientes renales en Carabobo el acceso a la salud se hace cada día más complicado. A la falta de insumos médicos, fallas de los servicios básicos y dificultad para trasladarse hasta las unidades de hemodiálisis debido a la falta de combustible se le suma un nuevo obstáculo: a los que tengan algún síntoma sospechoso de COVID-19 les niegan a la posibilidad de dializarse, sin ofrecerles otra alternativa de vida.
Así lo alertó Alfredo Cáceres, coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Amigos Trasplantados de Venezuela. “Los pacientes con presunción de COVID-19 no son admitidos en las unidades de hemodiálisis” y les niegan el acceso debido a que no hay pruebas de diagnóstico rápidas (PDR) que permitan descartar de forman oportuna si son portadores o no del virus.
Esta situación de discriminación por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo encargado de la administración de las ocho unidades de hemodiálisis existentes en Carabobo, ya cobró una vida. Se trata de Héctor Escobar, quien falleció el 3 de agosto luego de permanecer cuatro días sin acceder a la terapia renal sustitutiva por órdenes de las autoridades sanitarias, al considerarlo como un caso sospechoso de COVID-19.
Cáceres denunció que en el caso de Escobar, lograron hacerle en “tiempo récord” una PDR en el Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL), la cual resultó negativa. Pero, aun así, la sala situacional del IVSS decidió no permitirle el ingreso a la unidad de hemodiálisis a la que acudía en Valencia.
Agregó que actualmente en la entidad carabobeña hay otro paciente renal en las mismas condiciones. “El Estado, a través del Ministerio de Salud y del IVSS, tiene que destinar máquinas e insumos médicos adecuados para que estas personas también tengan derecho a esta alternativa de vida”.
Servicios colapsados, otra amenaza
Son más de 800 personas, entre trasplantados y pacientes renales, los que están en riesgo y con su calidad de vida mucho más comprometida debido a la falta de agua potable, las fallas del servicio eléctrico y la escasez de combustible que les impide movilizarse hacia los centros de salud por lo menos tres veces a la semana, en el caso de los que requieren dializarse.
“En mi caso, que soy un paciente trasplantado de riñón, tengo tres días tratando de surtir combustible. Ni siquiera un salvoconducto o justificativo médico me avalan”, dijo el vocero de Amigos Trasplantados de Venezuela. “Existen unidades de hemodiálisis en la Gran Valencia a las que los médicos o el personal de enfermería no han podido llegar porque no tienen cómo trasladarse”.
Cáceres detalló que en algunos de los centros del IVSS en los que realiza la terapia renal sustitutiva se han implementado reducciones de las horas que debe durar cada paciente debido a la falta de personal por la dificultad de traslado. De cuatro horas por persona, lo bajaron a solo dos, tres veces a la semana.
En lo que va de año han fallecido hasta la fecha al menos 18 pacientes por rechazo de sus trasplantes ante la escasez de medicamentos inmunosupresores. De ese total, tres tenían complicaciones colaterales asociadas a la COVID-19, agregó. “Nuestra Constitución plantea el derecho a la salud. El Estado debe garantizar todos estos medicamentos de una manera continua y regular”.
Según sus datos, desde 2011 ya existen evidencias registradas por las organizaciones sobre el difícil acceso a los medicamentos, no solo para las personas con condiciones de salud renal, sino también para los pacientes oncológicos, con VHI, diabetes o cualquier otra patología crónica.
“Ya tenemos años con esta Emergencia Humanitaria Compleja que atenta contra los derechos humanos de las personas. Que no vengan a decir que es un bloqueo o sanciones de países extranjeros, eso es mentira”, sentenció.
