(Foto Cortesía)
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El Gobierno panameño concedió hoy asilo político al magistrado venezolano José Sabino Zamora y al exsecretario de la embajada venezolana en Panamá Gabriel Pérez, por considerar que corren peligro en su país de origen.

En solidaridad con su situación humanitaria, el Gobierno panameño ha accedido a ambas solicitudes de asilo, en aras a garantizar las libertades y garantías personales, que corren peligro en su país de origen, indicó la Cancillería en un comunicado.

Zamora, que es uno de 33 magistrados nombrados por el Parlamento, está en la embajada panameña en Caracas, junto a otros dos integrantes del grupo de jueces que pidieron protección el pasado 4 de agosto, explicó la Cancillería.

El diplomático Gabriel Pérez se encuentra actualmente en Panamá, donde el pasado 28 de julio anunció su renuncia como segundo secretario y cónsul adjunto de la embajada venezolana, en rechazo a la Asamblea Constituyente instalada por el Gobierno de Maduro.

En el comunicado, el Gobierno panameño instó una vez más al presidente venezolano a respetar el orden democrático, los derechos humanos y las libertades y le urgió a negociar una salida política en el marco de la Constitución vigente, de 1999.

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, dijo la semana pasada que el país está tramitando un salvoconducto para sacar de Venezuela a los dos magistrados que pidieron asilo a principios de mes, Gustavo Sosa Izaguirre y Manuel Antonio Espinoza.

Al principio de la reciente crisis venezolana, el Gobierno de Panamá se mostró dialogante y apostó por el entendimiento, pero en las últimas semanas ha endurecido su discurso y se ha sumado al grupo de países y organismos internacionales que no reconocen la nueva Asamblea Constituyente y piden elecciones libres.

De Saint Malo, de hecho, participó el pasado 8 de agosto en la reunión de cancilleres convocada de urgencia en Lima para condenar la situación en Venezuela y dijo recientemente que el país centroamericano no descarta retirar a su embajador en Caracas.

En un procedimiento urgente en diciembre de 2015, el Parlamento venezolano, entonces controlado por el chavismo, designó a decenas de jueces justo después de la holgada victoria opositora en las legislativas del 6 de diciembre y antes de que traspasara el poder de la Cámara a la nueva mayoría.

El pasado 21 de julio, el parlamento, de mayoría opositora, aprobó las designaciones de los nuevos magistrados, pero el Supremo no reconoció los nombramientos y advirtió a los 33 juristas que estaban incurriendo en delitos de traición a la patria.




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