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El Gobierno panameño informó hoy que trasladó a once reos de alta peligrosidad al penal de Punta Coco, una cárcel ubicada en una isla del Pacífico que ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y cuyas instalaciones fueron remodeladas para adecuarse a los estándares internacionales.

El director general del Sistema Penitenciario de Panamá, Armando Medina, indicó este martes que dos de los reos trasladados al polémico penal durante la madrugada del lunes son los cabecillas de las principales bandas del país.

Medina, quien no dio más datos, compareció en rueda de prensa junto a los ministros de Gobierno y Seguridad, Carlos Rubio y Alexis Bethancourt, respectivamente, para explicar la visita que efectuaron los tres a Punta Coco el pasado fin de semana y para dar cuenta de las obras realizadas en el centro de reclusión.

El ministro Rubio, por su parte, aseguró que la cárcel “respeta los estándares internacionales de derechos humanos, rehabilitación y seguridad” y dijo que la reclusión de pandilleros en Punta Coco evita que estos usen las cárceles para controlar sus bandas.

“El centro para personas de extrema peligrosidad cuenta con 6 celdas con capacidad para 2 personas cada una, una cancha deportiva, gazebos, clínica equipada con su personal, puntos de control para seguridad interna y externa”, apuntó por su parte el ministro Rubio.

Punta Coco, ubicada en una base militar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la Isla del Rey, a más de 100 kilómetros al sur del litoral Pacífico panameño, estaba vacía desde agosto del año pasado.

El Gobierno anunció entonces que la cárcel iba ser remodelada y que los reos que la ocupaban iban a ser trasladados a un moderno penal de máxima seguridad ubicado a las afueras de la capital panameña y conocido como La Nueva Joya.

El anuncio tuvo lugar después de que diversos organismos internacionales de derechos humanos denunciaron que los presos recluidos en Punta Coco estaban sometidos a condiciones de extrema dureza y aislamiento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno panameño a principios de 2016 a trasladar a los 6 reos que cumplían condena allí a otro penal, aunque Punta Coco fue ocupada de nuevo meses más tarde.




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