El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Edgar Zambrano, aseguró hoy que con el decreto de Ley de Amnistía, aprobado la víspera por la cámara, «no se está propiciando un golpe de Estado sino una respuesta constitucional y política por parte del sector militar».

Zambrano dijo a periodistas que la herramienta legal persigue canalizar los «caminos pacíficos» que permitan cambiar «el modelo político del país sin que hayan enfrentamientos entre los venezolanos».

El Parlamento, de contundente mayoría opositora, decretó ayer una Ley de Amnistía para funcionarios civiles y militares que «colaboren en la restitución del orden constitucional» del país, en referencia a la presunta usurpación de la Presidencia a manos de Nicolás Maduro.

De igual forma, la ley decreta el «reconocimiento de todas las garantías de reinserción democrática» de los funcionarios de las fuerzas de seguridad que presten ese servicio a la nación como un «deber» del Parlamento.

El opositor se refirió también a los efectivos militares señalados por delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos asegurado que se revisará «caso por caso» y que quienes resulten culpables «tendrán que enfrentar, inevitablemente, la justicia nacional o la internacional».

Ayer mismo, el ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino López, aseguró que las acciones del Parlamento constituyen una «burla» a la Carta Magna vigente, y que los militares están «dispuestos a morir» para defender a Maduro.

«Estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa Constitución, ese pueblo, esas instituciones (y) a usted (Maduro) como magistrado supremo, presidente constitucional», dijo el funcionario.

Padrino López señaló que Maduro es presidente por mandato del pueblo, que «lo puso allí» en unas elecciones a las que no se presentó el grueso de la oposición, y aseveró que la Fuerza Armada está fuerte y «unida» ante los llamamientos a desconocer a su comandante en jefe.

Por otra parte la ONG Coalición de Derechos Humanos saludó la aprobación de esta ley al tiempo que alertó que quienes hayan incurrido en altas violaciones de derechos humanos «no podrán ser amnistiados, porque la civilidad no lo dejará».

En una rueda de prensa el abogado Carlos Moreno dijo que actualmente en el país caribeño 161 efectivos de la Fuerza Armada Nacional «se encuentran detenidos por razones políticas», cifra que representa 40% del total de los 402 presos políticos que contabiliza la ONG.

Otro abogado de la coalición, Alonso Medina Roa, detalló que entre los detenidos se cuentan generales de división, coroneles y oficiales de los rangos medios, varios de los cuales «permanecen encarcelados en calabozos situados en cuarteles», agregó. EFE




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