Asamblea Nacional (Foto cortesía)

El Parlamento aprobó este martes con los votos de la mayoría opositora exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que abandone las políticas de planificación central que la Revolución Bolivariana ha aplicado desde 1999 para atajar la caída de la producción petrolera y poner fin a la crisis humanitaria.

En su resolución, el Parlamento solicita al Banco Central y al Ejecutivo que elimine el actual régimen cambiario, en el que el Estado tiene el monopolio de la adjudicación de divisas en el país, para permitir así que se generen incentivos para la inversión petrolera y se detenga la escalada del dólar en el mercado negro.

El precio que se paga por la moneda estadounidense en el mercado paralelo ya ha superado este martes los 80.000 bolívares por dólar.

El valor del dólar respecto al bolívar se ha multiplicado por diez desde junio pasado, al calor de la emisión de bolívares por parte del Banco Central y de la interrupción de la asignación de divisas a la tasa de cambio oficial (3.345 bolívares el dólar) por parte de un Estado que parece haber destinado los dólares al pago de la deuda externa.

El texto del acuerdo del Parlamento advierte además de la caída de la producción que, pese a sus altos niveles de endeudamiento, ha registrado la empresa petrolera estatal PDVSA que según datos de la OPEP bajó en octubre de los 2 millones de barriles diarios por primera vez en 28 años.

La moción -votada por unanimidad por los diputados de la oposición- sitúa en 45.000 millones de dólares el monto de la deuda externa de PDVSA y señala el “constante y rápido declive” de la compañía causado por “la desinversión y malversación de los fondos que debieron ser usados para el cumplimiento de sus planes” de producción.

Según recuerda la declaración del Parlamento, la deuda externa de la empresa -que supone al Estado venezolano más del 90 % de las divisas que ingresan- era en 1998, un año antes de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, de 4.000 millones de dólares.

“Los pagos de servicio de deuda solo profundizan la crisis de la empresa, por cuanto la estrategia seguida por el Gobierno para pagar sus acreencias está basada en la liquidación de activos y patrimonios de la empresa: refinerías, reservas petroleras y gasíferas, en condiciones desconocidas por la población”, añade el texto.

Las cifras ofrecidas por el Parlamento muestran que PDVSA utiliza un 90 % de sus ganancias para pagar la deuda que tiene contraída con sus acreedores.

El Legislativo atribuye esta crisis en la petrolera estatal a “las políticas fracasadas de este Gobierno en materia energética, que controla con un brazo férreo la economía mediante expropiaciones y regulaciones que, en la mayoría de los casos, son superfluas e innecesarias”.

El acuerdo adoptado critica además las intervenciones “en nombre del socialismo” de la empresa privada y una “politización” y “desinversión generalizada” que habrían llevado a la “destrucción” de la producción de crudo y obligado a importar productos “que en el pasado eran excedentarios”, como la gasolina.

Por todo ello, el Legislativo solicitará al Ministerio de Petróleo que revise “los excesivos controles que regulan la operación de las empresas petroleras y gasíferas”, y pedirá al Gobierno que presente un plan para elevar la producción de PDVSA.

Las dificultades experimentadas por PDVSA y por el Estado venezolano para pagar a tiempo los vencimientos de sus bonos a los tenedores internacionales han llevado a algunas calificadoras de riesgo a rebajar al nivel de “default” la deuda soberana del Gobierno y de su petrolera estatal.

Esto pese a que el presidente Maduro creó a principios de este mes una comisión para renegociar con los tenedores de bonos toda la deuda internacional de Venezuela, con el objetivo de obtener nuevos financiamientos o mejores condiciones de pago y evitar así una suspensión de pagos que ha prometido que no se producirá.

Este martes, precisamente, el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk, y otros cinco directivos de esa empresa, la mayor filial de PDVSA, fueron arrestados bajo la acusación de corrupción.

Los acusados firmaron contratos que “comprometían el patrimonio nacional y el futuro de esta importante filial (…) sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional”, explicó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.




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