La Asamblea Nacional rechazó hoy que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debata el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a diputados, a los que el órgano chavista señala de estar vinculados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
«El único órgano facultado para debatir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es esta legítima Asamblea Nacional. Con lo cual, desconocemos cualquier acto por parte de la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que pretenda usurpar las funciones de esta Asamblea Nacional», dijo en un comunicado el Parlamento.
La noche del martes, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, informó que el foro debatirá hoy el «allanamiento» de la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores vinculados con el atentado que sufrió el presidente Maduro el sábado.
El anuncio se produjo mientras el presidente de Venezuela informaba acerca de las «pruebas» del atentado que sufrió el pasado sábado cuando un par de drones estallaron en un acto que encabezaba.
Maduro ofreció nombres de los supuestos autores materiales del hecho y mencionó a los diputados Juan Requesens y Julio Borges como parte del grupo de responsables del evento.
En paralelo, el partido en el que militan ambos legisladores, Primero Justicia (PJ), denunció que Requesens fue detenido en su residencia por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
SECUESTRO
El Parlamento venezolano, a través del comunicado, calificó como un «secuestro» la detención de Requesens, pues señala que «los actos cometidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional violan la prerrogativa parlamentaria de inmunidad».
El Legislativo resalta que en el artículo 200 de la Constitución se establece que los diputados gozan de inmunidad parlamentaria y que los funcionarios que violen dicha inmunidad «serán responsables penalmente».
En este mismo artículo se establece que «de los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento».
Sin embargo, tanto la Asamblea Constituyente como el Tribunal Supremo han señalado en reiteradas oportunidades que el Parlamento se encuentra en desacato por incumplir varias sentencias de la máxima corte y que sus actos son «nulos».
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