Una investigación interna de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal compañía pública del país, concluye que varios de sus exdirectivos defraudaron a la compañía, al menos, 500 millones de dólares (439 millones de euros), auto concediéndose contratos de compra de material a sus propias sociedades, amañando las licitaciones en su propio beneficio y blanqueando su botín en España.
De 48.000 contratos examinados en el periodo comprendido entre 2009 y 2015 un total de 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera.
Los presuntos amaños tuvieron lugar en Bariven S. A., una de las filiales de PDVSA, y se han descubierto, según afirma la compañía, tras revisar de forma aleatoria 79 expedientes con un valor aproximado de 591 millones de dólares (519 millones de euros). El resultado es que un 25 por ciento de los contratos que obtuvieron empresas vinculadas a ambos exdirectivos arrojan indicios “sólidos” de corrupción.
El hallazgo de esta investigación encargada por los actuales gestores de PDVSA se ha sustanciado en una querella criminal presentada por el gigante del petróleo venezolano contra Roberto Rincón, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas que tramita el Juzgado número 41 de Madrid. Varios de los querellados residen en España y han adquirido aquí propiedades millonarias. Una reciente investigación de EL PAÍS determinó que una decena de venezolanos vinculados al chavismo ha invertido en España 160 millones de euros en fincas, casas de lujo y negocios.
El estudio interno de PDVSA y su filial Bariven determina que “en la totalidad de los 79 expedientes auditados se han encontrado mecanismos de defraudación, incluyendo la incorporación en paneles de varias empresas relacionadas y sobreprecios de los materiales y bienes otorgados a empresas conexas a Rincón y Shiera, lo que desvela el sistemático modus operandi de la trama para la adquisición fraudulenta de procuras (contratos)”, según recoge el texto de la denuncia admitida a trámite.
La organización lideraba, según PDVSA, por los exempleados Rincón y Shiera utilizó unas pautas que aparecen reflejadas en los expedientes analizados. Inscribieron en el Registro Maestro de Proveedores de la petrolera y de su filial a “múltiples empresas vinculadas a la organización criminal”. Muchas de estas compañías no cumplían con los requisitos técnicos y financieros que exigía PDVSA.
“Los funcionarios desleales de Bariven invitaban a diversas empresas de la organización criminal, muchas de ellas ficticias, para que presentasen ofertas para aparentar que la licitación era competitiva, pero en realidad se trataba de un grupo de empresas controladas por el mismo grupo de personas”, esgrime la compañía venezolana.
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