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La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) rechazó hoy la toma de sus activos en El Caribe por parte de la estadounidense ConocoPhillips, que en abril pasado ganó un litigio a la venezolana por más de dos mil millones de dólares.

«PDVSA rechaza contundentemente las acciones adelantadas por la firma estadounidense ConocoPhillips, de tomar los activos, de la estatal petrolera venezolana en El Caribe», indicó la empresa.

La petrolera señaló hoy en un comunicado que la toma de activos por parte de ConocoPhillips es una medida de presión por la nacionalización de la rica Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela en 2007.

La nacionalización, dice el comunicado, dio lugar a un Laudo Arbitral que tuvo una duración de tres años y seis meses, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París.

En el proceso, según el Ministerio de Petróleo, se desestimaron totalmente los reclamos de los Demandantes por violación dolosa de los contratos» y «la reclamación relativa a la compensación por medidas discriminatorias fue reducida.

Sin embargo, en abril pasado, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) ordenó a PDVSA pagar a ConocoPhillips dos mil 40 millones de dólares tras la disolución no planificada de un acuerdo de producción mixta de petróleo.

En respuesta, el Ministerio de Petróleo venezolano señaló hoy que PDVSA «reitera su firme compromiso de resolver por la vía legal y pacifica las controversias, haciendo uso de las instancias destinadas para tales fines».

Subrayó que respeta los procesos jurídicos acordados por ambas partes, asumiendo el compromiso de honrar las decisiones emanadas del laudo.

PDVSA ganó en agosto de 2016 un procedimiento arbitral a Phillips 66, filial de la empresa estadounidense ConocoPhillips, que pedía a la compañía venezolana una compensación de 244,35 millones de dólares por el presunto incumplimiento de un contrato de suministro de crudo.

En ese entonces el tribunal que llevó el caso estableció que la demanda de Phillips 66 carecía «de fundamentos técnicos y legales», por lo que le ordenó reembolsar a PDVSA 1,5 millones de dólares.




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